Hay cifras que explican una elección y otras que retratan el estado de ánimo de un país. Cuando ambas empiezan a caminar en la misma dirección, conviene prestar atención. Eso parece estar ocurriendo hoy en México.
En los últimos días circularon dos gráficas que, vistas por separado, ofrecen información interesante. Pero analizadas en conjunto cuentan una historia mucho más profunda sobre la relación entre seguridad y política.
La primera refleja la evolución de la opinión ciudadana sobre el gobierno. De acuerdo con la encuesta de AtlasIntel, la evaluación positiva cayó de 56.2% en noviembre de 2024 a 38.8% en junio de 2026. Al mismo tiempo, la opinión negativa aumentó de 24.3% a 32.8%, mientras que quienes califican al gobierno como “regular” crecieron de 15.6% a 28.4%.
La segunda muestra el mapa nacional de homicidios. Tres de cada cuatro asesinatos registrados este año ocurrieron en entidades gobernadas por Morena o sus aliados. Conviene hacer una precisión indispensable: ese dato, por sí solo, no demuestra que esos gobiernos sean responsables directos de la violencia. La delincuencia organizada tiene raíces profundas y la responsabilidad constitucional en materia de seguridad es compartida entre municipios, estados y Federación.
Sin embargo, también sería un error ignorar otra realidad. Morena gobierna hoy la mayor parte del país. Cuando un partido concentra la responsabilidad política sobre la mayoría de los estados, también concentra, inevitablemente, el costo político de los resultados.
La seguridad pública tiene una característica que pocas políticas públicas poseen: los ciudadanos la evalúan todos los días. No necesitan leer un informe gubernamental para saber si las cosas mejoran. Lo perciben cuando pueden viajar por carretera sin temor, cuando sus hijos regresan tranquilos de la escuela, cuando un comerciante deja de pagar extorsión o cuando una familia ya no escucha balazos durante la noche.
Después de casi cinco décadas observando, estudiando y participando desde distintos ámbitos en los asuntos públicos (particularmente en materia de seguridad), he aprendido que las estadísticas pueden discutirse, reinterpretarse o actualizarse. Lo que resulta mucho más difícil de modificar es la percepción cotidiana de los ciudadanos. Y en política, esa percepción pesa tanto como cualquier indicador.
Durante años escuchamos que la estrategia de seguridad requería tiempo para dar resultados. Es un argumento válido.
Combatir organizaciones criminales no produce efectos de un día para otro. Pero también llega un momento en que los ciudadanos dejan de preguntar cuánto tiempo falta y comienzan a preguntarse por qué siguen viviendo con miedo.
Ahí es donde la política empieza a cambiar.
No afirmo que la caída en la aprobación del gobierno sea consecuencia exclusiva de la inseguridad. Sería intelectualmente deshonesto hacerlo. Influyen muchos factores: la economía, la salud, la percepción sobre los servicios públicos, el empleo
y las decisiones políticas. Pero sería igualmente ingenuo pensar que la violencia no tiene un peso determinante en la manera en que los ciudadanos juzgan a quienes gobiernan.
Las familias no viven dentro de conferencias de prensa ni de debates en redes sociales. Viven en colonias, pueblos y ciudades donde la seguridad se mide de una forma muy sencilla: si pueden salir sin miedo y regresar con tranquilidad.
Por eso las dos gráficas parecen hablar entre sí. Mientras la violencia sigue ocupando espacios en la vida cotidiana de millones de mexicanos, la confianza en el gobierno comienza a erosionarse. No es una relación matemática ni automática, pero sí una señal política que merece ser observada con seriedad.
La historia demuestra que ningún gobierno puede sostener indefinidamente un discurso optimista cuando la experiencia cotidiana de los ciudadanos apunta en otra dirección. Porque al final, más allá de ideologías, partidos o campañas, existe una verdad muy simple: vivir con miedo siempre tiene un precio. Y, tarde o temprano, ese precio también se paga en la política.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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