Uno de los argumentos más repetidos y menos sustentados en el debate sobre seguridad es que la proliferación de armas conduce inevitablemente a más homicidios. Sin embargo, los datos desmienten esta idea. A pesar de ser uno de los países con mayor cantidad de armas per cápita, Estados Unidos registra muchos menos homicidios que México, un país donde la tenencia de armas está legalmente restringida a su mínima expresión.
Según cifras oficiales, Estados Unidos, con cerca de 350 millones de habitantes, tuvo en 2022 aproximadamente 21,000 homicidios intencionales. México, con solo 130 millones de habitantes, cerró 2023 con más de 30,000 asesinatos, lo que significa que con casi la tercera parte de la población, cometió tres veces más homicidios que nuestro vecino del norte.
A nivel estatal, las diferencias internas en EE. UU. también ofrecen lecciones. Estados como Texas, Arizona o Utah, donde la portación legal de armas está permitida e inclusive promovida bajo regulación, no encabezan las listas de homicidios. Por el contrario, ciudades con leyes más restrictivas como Chicago o Washington D.C. presentan niveles de violencia significativamente más altos, demostrando que la ilegalidad del arma no frena al delincuente, solo desarma y deja en estado de indefensión al ciudadano común.
Además, la prohibición absoluta de las armas impide que existan controles reales y rastreabilidad. En un sistema regulado, cada arma registrada puede someterse a pruebas balísticas, y las ojivas recuperadas en escenas del crimen, así como los casquillos pueden vincularse con armas legales. Pero cuando todo es clandestino, no hay registros, no hay control, no hay trazabilidad. El Estado mexicano ha renunciado al control de las armas, entregándoselo de facto al crimen organizado.
El problema en países como México no es la existencia de armas, sino su monopolio en manos del crimen organizado y del Estado. En un país donde la justicia es lenta o inexistente y donde la impunidad alcanza niveles del 95%, los ciudadanos están atrapados entre la violencia y la indefensión. Mientras tanto, el mercado negro de armas sigue floreciendo sin freno, abasteciendo a los cárteles sin que el gobierno pueda, o quiera detenerlo.
No se trata de promover una sociedad armada sin control. Pero sí es momento de revisar con objetividad las cifras y abrir el debate. La posesión legal de armas, bajo normas claras y exámenes estrictos, no ha incrementado la violencia en muchas partes del mundo. Lo que sí la incrementa es la corrupción, la impunidad y la falta de Estado de derecho.
El miedo a las armas no debe sustituir a la razón. En lugar de prohibirlas para los ciudadanos honestos, deberíamos concentrarnos en combatir a quienes las usan para delinquir con total impunidad. Hace unos años propuse que existieran campos de tiro en donde la gente pudiera aprender a hacer un uso seguro de las armas , donde pudiera practicar y donde pudiera comprar cartuchos legalmente, así se acabaría tambien con la venta ilegal de cartuchos, pero sobre todo se vería de donde vienen las armas, que cuenten con matrícula y que esta coincida con la identificación del portador de la misma, naturalmente propuse que solo la Defensa Nacional pudiera vender armas. En mi opinión, además de mi cariño los militares tienen la institución más confiable de México.
Mucho se ha hablado sobre las denuncias hechas en Estados Unidos de Norteamérica, en contra de los fabricantes y distribuidores de armas, en virtud de que, con esas armas, la delincuencia organizada en México, comete sus fechorías. Lo que no se dice es que es el gobierno mexicano en las aduanas quien permite el acceso o contrabando de las armas. El doble discurso convertido en doble moral, evidentemente, hace dudar de las autoridades responsables de atender este fenómeno.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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