El nombre del título de mi Columna de hoy describe plenamente a nuestro presidente de la República. Él lo ha manifestado en diversas ocasiones en sus conferencias de prensa que celebra en Palacio Nacional de lunes a viernes todas las semanas.
Lo hizo por primera vez cuando una reportera de Univisión le preguntó en tono de reclamo si “volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros”, refiriéndose a los que trabajan en los medios de comunicación, a lo que contestó el presidente que por “encima de esa ley [la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública] está la autoridad moral y la autoridad política” [declaraciones obtenidas del video de la conferencia llamada “mañanera” publicada por el periódico Reforma].
Previamente a eso, al hacerle el reclamo la reportera de Univisión sobre la razón de la publicación del teléfono de la corresponsal del New York Times, dijo que “cuando se trata de un asunto que está de por medio la dignidad del presidente de México”.
Todo lo anterior, completamente desenmascara lo que nuestro presidente opina de la Ley, del Estado de Derecho, que es uno de los elementos esenciales del Estado, que es el componente básico que pone orden al pueblo, al gobierno que se despliegan en un determinado territorio. Cuando un integrante de uno de los tres poderes de la Unión, que conforman el gobierno, que además es el titular del Poder Ejecutivo Federal, dice que la autoridad moral y política están encima de la Ley y que la ley se puede violar justificadamente cuando afecta la dignidad del presidente de México, significa, en primer lugar, que su protesta al tomar posesión de su cargo, de “… guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…” [Art. 87 de la Constitución], fue un compromiso de “dientes para afuera”, es decir, con una reserva no declarada de que, siempre y cuando no afecte la dignidad del presidente y se actúe con autoridad moral y política. Porque si suceden estos supuestos, el presidente puede actuar soberanamente, sin respetar la Constitución ni las leyes que emanan de ella.
La gravedad de lo acontecido es enorme, porque ya sabemos de antemano que dentro de la cabeza del Sr. López pueden pasar muchas cosas por las que, según él, justificadamente puede dictar cualquier medida en detrimento de nuestros derechos humanos, como la vida, la libertad, el derecho al voto libre y secreto, la propiedad privada. Todo ello puede afectar en cualquier momento a nuestras familias, a nuestros centros de trabajo, a nuestros ingresos económicos, al desarrollo de nuestros hijos y nietos, y en general al bienestar de todos.
Debemos de estar conscientes de que tenemos a un presidente desenfrenado, que puede hacerle mucho daño al país, como se lo hicieron los presidentes Luís Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco y Miguel de la Madrid Hurtado, quienes, burlándose de la Constitución y sus leyes, afectaron a millones de mexicanos severamente en sus patrimonios, afectaron el debido desarrollo democrático del país, hicieron los llamados “fraudes patrióticos” en las elecciones.
Por eso los mexicanos debemos prepararnos más que nunca a defender a nuestra democracia de las órdenes, que seguramente vendrán del presidente de México para robarse las elecciones y al ser invadido su partido y aliados de millones de votos derivado del rechazo ciudadano a una dictadura hipócrita, que miente, discrimina, polariza y destruye, como lo hizo en el año 2006 cuando invadió impunemente el Paseo de la Reforma de nuestra Capital, procederá a no reconocer su derrota en las urnas, por lo que los ciudadanos tendremos que resistir un embate de un gobernante rapaz y contumaz en el cumplimiento de la Ley, a través de acciones de Resistencia Civil Activa y Pacífica (RENAP), para bien de México y de sus ciudadanos.
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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