En días pasados el Instituto Nacional Electoral (INE) nos sorprendió prorrogando la consulta ya prevista para que las y los mexicanos nos manifestáramos en relación con el proceso de revocación de mandato del gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alegando falta de recursos, sin mayor razón, el INE pospuso a una fecha indefinida la consulta sobre la revocación de mandato.
Se trata de un acuerdo que no tiene otro fundamento que la voluntad y la posición burocrática de seis consejeros, que han olvidado por completo sus obligaciones constitucionales.
Más allá del texto exacto de los preceptos de nuestra carta magna, todo principio de gobierno establece que los funcionarios, y los consejeros del INE lo son, deben responder a los objetivos centrales de los órganos para los cuales prestan sus servicios y uno de esos grandes objetivos es el de fortalecer la democracia, y un camino directo para elevar su calidad pasa por la puesta en marcha de mecanismos que den vida a la llamada democracia directa, que tiene en las consultas y en particular en la revocación de mandato una de sus principales expresiones.
Por ello es inaceptable que la mayoría del Consejo Ciudadano del INE argumente que la falta de recursos los incapacita para organizar una consulta que en este momento ya es avalada por millones de ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de México.
El argumento de la falta de recursos no cabe en un órgano autónomo que cuenta con 25 años de existencia y tiene miles de funcionarios de carrera con la experiencia necesaria para reestructurar un presupuesto que se acerca a los 20 mil millones de pesos y en el que el costo mínimo de la consulta, el propio consejo ha situado en 1,800 millones de pesos.
Sin duda, hay un camino para que mediante modificaciones, a partidas presupuestales de las múltiples actividades del INE, se generan ahorros para realizar este primer ejercicio de posible revocación de mandato al presidente de nuestro país.
Todas las entidades gubernamentales, incluidas las que gozan de autonomía, sobreviven gracias a su capacidad para adaptarse a escenarios financieros donde la escasez permanente o súbita de dinero es la regla y no la excepción.
Todos sabemos que el buen gobierno de una institución se rige bajo el principio de hacer más con menos y aunque les he concedido una gracia inicial, no encuentro la razón para justificar el alegato del INE sobre su incapacidad financiera para cumplir con un compromiso que proviene de lo más profundo de su razón de ser como funcionarios públicos.
Es difícil aceptar el desacato a una obligación constitucional, cuando quienes han votado y construido los argumentos para defender este paro técnico del órgano que administra nuestros procesos electorales se negaron a respetar los topes salariales que bajo una política general de austeridad gubernamental, propuso nuestro presidente.
Evidentemente carecen de autoridad moral quienes sin razón alguna, más allá de un desplante de ambición y egoísmo, se negaron a escuchar al presidente cuando los convocó a realizar un sacrificio en favor de proyectos que buscan favorecer a las personas más vulnerables de este país.
Pero más allá de eso su falta solidaridad tocó extremos incalificables, cuando el paso de la pandemia, con todos los problemas que trajo a la sociedad mexicana, no tocó sus corazones, pues estos consejeros mantuvieron su terquedad de recibir remuneraciones y privilegios nunca vistos en organismos que a nivel internacional organizan elecciones, muchas veces más complejas que las mexicanas.
Cómo podemos aceptar argumentos en contra de la realización de la consulta, de funcionarios que tuvieron tres años para reestructurar las finanzas del INE y por mezquindad nada hicieron para abaratar nuestras elecciones.
¿Acaso no saben que lo que más ha lastimado a nuestra naciente democracia ha sido el costo desorbitado de cada voto? ¿Que desde hace dos décadas el centro de la crítica se ha mantenido cuestionando que en un país con tantas personas vulnerables, tengamos procesos electorales impagables?
Claro que lo saben, pero todo indica que su ambición y su falta de sensibilidad política les ha nublado la razón.
Ante ello sólo nos queda un camino: insistir ante los tribunales que se respeten los preceptos constitucionales que fundamentan y legitiman las consultas ciudadanas, para que en esta ocasión tengamos la oportunidad de votar a favor de la permanencia de AMLO en la Presidencia de México.
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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