El día de mañana, a las 17:00 hrs. la Cámara de Diputados y el Senado de la República se reunirán para instalar la sesión de Congreso General y para que, en acatamiento de las disposiciones del artículo 65 constitucional, puedan dar inicio al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura. Asimismo, se dará cumplimiento a la disposición del artículo 69 de nuestro texto fundamental, en el sentido de que “el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país… – para que-
Posteriormente, cada una de las realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad…”
A partir de ese momento, de acuerdo con el sistema de pesos y contrapesos que ofrece nuestro marco constitucional, se podrán iniciar las obligaciones dispuestas en el artículo 93 de nuestra Constitución para que quienes integran el gabinete “, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias…(den) cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos…”
Sin duda a primera lectura de estas disposiciones constitucionales se podría observar una práctica republicana muy sana, en la que al igual que sucede en cualquier democracia contemporánea, quien ejerce el poder de la administración pública, y la conducción de la Jefatura de Estado, se incorpora a un ejercicio de rendición de cuentas. Así sucede por ejemplo en la ceremonia del Discurso del Rey, que en el Reino Unido de la Gran Bretaña integra distintas tradiciones que se remontan a 1605 y 1642, con la intención de reconstruir simbólicamente la evolución de la relación entre las dos cámaras del Parlamento y el Monarca, para dimensionar las dinámicas actuales de las relaciones entre los actores políticos del Estado y la agenda legislativa que el Reino proyecta.
En el mismo sentido, desde el 8 de enero de 1790, los presidentes de los Estados Unidos de América han ofrecido informes a su Congreso, en distintas modalidades hasta llegar a la que perfiló Franklin D. Roosevelt, en 1934, que prácticamente definió el ritual de lo que hoy conocemos como el discurso del “Estado que Guarda la Unión”.
En nuestra tradición política, esta ceremonia republicana se remonta a 1825, cuando el primer presidente de nuestro país, el Gral. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, históricamente identificado como “Guadalupe Victoria”, rindió el primer informe ante el Congreso el 1 de enero de 1825. Por este motivo, ante el frontispicio del Congreso de la Unión, se levanta una estatua ecuestre de don Guadalupe Victoria, recordándonos lo añejo de una de nuestras tradiciones políticas más emblemáticas.
Desde el siglo XIX hasta nuestros días, el informe presidencial ha presentado una gran cantidad de cambios en el formato y un sin número de anécdotas, pues si bien hoy no ofrece mayor referencia que una escena sin alma, en la que quien encabeza la Secretaría de Gobernación, de manera atropellada, afuera del pleno de la Cámara de Diputados, y sin mayor ritual, entrega simbólicamente la versión física del informe del Ejecutivo Federal a la persona presidenta del Congreso de la Unión, para posteriormente rematar con algún mensaje de la Jefa de Estado, desde alguna otra locación, ni tiempo definido, lo cierto es que hay grandes escenas que nos ha regalado la historia de ese diálogo entre poderes.
Así, por ejemplo, fue en ese contexto en el que en 1928 el Gral. Plutarco Elías Calles, marcó, con un discurso, una coyuntura clave para el desarrollo político del país, al anunciar que pasaríamos de un México de caudillos a un país de instituciones. Dando a conocer con ello, que el poder no se disputaría más en los campos de batalla, sino, gracias a un pacto de la clase política, sellado por la muerte del presidente electo, el Gral. Álvaro Obregón. Desde entonces el poder se definiría a partir del control de un partido político, que terminó constituyéndose en el PNR para marzo de 1929.
Asimismo, fue en ese formato en el que el presidente Cárdenas dio cuenta de nuestra situación interna y externa tras los primeros meses desde la expropiación petrolera; en el que el presidente Adolfo López Mateos planteó el primer balance de la nacionalización de la industria eléctrica; en el que el presidente Díaz Ordaz advirtió que “había aguantado hasta grados altamente criticables” a los estudiantes, 31 días antes de la matanza del 2 de octubre de 1968; en el que el presidente José López Portillo nos llegó a anunciar que debíamos acostumbrarnos a “administrar la abundancia”, y unos meses después, llorando, pidió perdón por “la tormenta” económica que nos hizo pedazos, para después anunciar, también en el pleno del congreso, que estatizaría la Banca -agudizando consecuentemente dicha tormenta-, y también en el esquema que se tenía antes fue en el que la oposición evolucionó de protestar burdamente con máscaras de animales ante el poder presidencial, hasta llegar a esa extraordinaria pieza de oratoria en la que Don Porfirio Muñoz Ledo, entonces Presidente de la Mesa Directiva, le recordó al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León que “el cambio democrático, es la mutación del súbdito, el ciudadano[1].
Sin embargo, ante el esquema vigente en el formato del informe presidencial, no queda sino reconocer que no permite una reflexión o lectura colectiva, como la que se presentaba en la época en la que la persona que ocupaba la Jefatura de Estado acudía al Congreso y comunicaba mensajes entrelineados y mensajes abiertos, tal y como sucedió tanto en los excesos de “El día del Presidente”, como se le conocía al 1 de septiembre, como en las épocas de Madero o Fox, en las que el Ejecutivo se plantaba ante congresos no domesticados, en los que se generaban también críticas enérgicas y directas.
El aburrido formato actual derivó de los momentos de polarización en el contexto del “desafuero” y las elecciones de 2006, y sin duda ha representado una desconexión simbólica entre los actores principales de nuestra clase política, pues ahora no sólo prevaleció el desinterés de la sociedad sobre el informe mismo, sino que se terminó suprimiendo el ejercicio de asumir responsabilidades históricas por los atinos y desatinos del ejercicio de gobernar en México.
Esperemos que, con el tiempo, podamos madurar, y recuperar la tradición del informe en el que se carean la persona titular del Ejecutivo Federal y las y los representantes de la nación. Eso, en algún formato que no reviva el culto al presidente que existió en la mayor parte del siglo XX, pero que nos permita tomar distancia de la insípida puesta en escena hoy vigente, en la que, sin la presencia de quien encabeza al Ejecutivo Federal, el PAN, el PRI, y ahora MORENA el poder legislativo recibe un informe a escondidas. Sin duda el actual formato, elimina la responsabilidad histórica, mata el interés popular y ratifica el desdén por la voluntad de crear un verdadero diálogo democrático, que se acerque más a un ejercicio de pesos y contrapesos y menos a una práctica de validación pactada de la disfuncionalidad de algunos aspectos de nuestra república.
[1] Véase la versión estenográfica de la respuesta del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 1997, disponible en https://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/57/1er/1P/Ord/19970901-I.html#RESPUESTA
Raen Sánchez Torres
Politólogo e internacionalista, cuenta con una maestría en Estudios Internacionales por el ITESM y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la FCPyS de la UNAM, además de 16 diplomados, seminarios, cursos y talleres especializados en Seguridad Nacional, Seguridad Pública e Inteligencia, impartidos por instancias como la UNAM, ITAM, UDLAP, Policía Nacional Francesa, Real Policía Montada de Canadá, y el Departamento de Justicia de los EEUU.
Profesionalmente se ha desempeñado en el sector público como analista del fenómeno delictivo en el ámbito internacional, el desarrollo de instituciones de seguridad pública, y desde hace más de 10 años como asesor parlamentario tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como académico, desde 2015 ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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