La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de formar parte de una presunta red de huachicol fiscal, ha sido presentada por el gobierno como una prueba de que en México ya no hay intocables. Si las pruebas son sólidas y un juez determina su responsabilidad, deberá responder ante la ley como cualquier ciudadano. El Estado de derecho exige exactamente eso: que nadie esté por encima de la justicia.
El problema no es que se investigue a Ruffo. El problema sería que solo se investigara a Ruffo.
Durante años, el combate a la corrupción ha sido una de las principales banderas del actual gobierno. Ese compromiso fue determinante para que millones de mexicanos depositaran su confianza en un proyecto político que prometía acabar con los privilegios, la impunidad y las redes de complicidad construidas durante décadas. Precisamente por ello, la sociedad espera que ese compromiso se aplique sin distingos, sin excepciones y sin cálculos políticos.
Desde hace meses, el país ha conocido investigaciones, filtraciones, testimonios y señalamientos que involucran a personajes cercanos al poder en presuntas redes de huachicol fiscal y otras actividades ilícitas. Particularmente grave resulta el hallazgo de una instalación utilizada para procesar combustibles, valuada en cientos de millones de dólares. Una operación de esa magnitud difícilmente podría desarrollarse durante años sin contar, por lo menos, con protección política, administrativa o de funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de la ley. La pregunta que muchos mexicanos se hacen es sencilla: ¿quién permitió que eso ocurriera?
También han existido señalamientos públicos contra diversos personajes de Morena, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ambos han rechazado cualquier conducta ilícita y, como cualquier ciudadano, tienen derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, precisamente por ello, también deberían ser objeto de investigaciones claras, imparciales y transparentes cuando existan elementos que lo justifiquen.
La percepción ciudadana comienza a deteriorarse cuando la justicia parece actuar con una velocidad para unos y con una parsimonia desesperante para otros. La confianza en las instituciones no depende únicamente de que existan detenciones espectaculares. Depende, sobre todo, de que el mismo rasero se utilice para medir a todos los actores políticos.
No se trata de defender a Ernesto Ruffo. Si cometió un delito, deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Lo que está en juego es algo mucho más importante: la credibilidad del sistema de procuración de justicia. Cuando las investigaciones parecen concentrarse únicamente en personajes de la oposición mientras las denuncias contra figuras cercanas al poder permanecen sin avances visibles, inevitablemente surge la sospecha de una justicia selectiva.
La justicia selectiva termina convirtiéndose en una forma de impunidad. No porque exonere jurídicamente a determinadas personas, sino porque transmite el mensaje de que la aplicación de la ley depende del partido político al que pertenezca el acusado. Ese es uno de los mayores riesgos para cualquier democracia, porque destruye la confianza ciudadana en las instituciones.
Existe un viejo refrán que resume perfectamente esta situación: el buen juez por su casa empieza. Quien pretende combatir la corrupción debe comenzar revisando a los propios antes de utilizar la ley como argumento contra los adversarios. Solo así el discurso adquiere autoridad moral.
Morena tiene hoy una oportunidad histórica para demostrar que su promesa de combatir la corrupción no distingue colores partidistas. Si realmente no existen intocables, las investigaciones deberán llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin importar si afectan a militantes de oposición, aliados políticos, gobernadores en funciones, exfuncionarios federales o personajes cercanos al poder presidencial.
México no necesita persecuciones políticas, pero tampoco necesita impunidades selectivas. Necesita instituciones capaces de investigar con independencia, ministerios públicos que actúen con autonomía y jueces que resuelvan exclusivamente conforme a derecho. Solo así podrá recuperarse la confianza en la justicia.
Investigar a Ernesto Ruffo fortalece al Estado de derecho, siempre y cuando el mismo criterio se aplique a todos. Porque la ley deja de ser ley cuando se convierte en herramienta política. Y la lucha contra la corrupción pierde toda legitimidad cuando comienza por la casa del adversario y nunca entra a la propia.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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