La presencia del Estado en la administración pública es lo que posibilita la implementación de programas y políticas, que a su vez es la primera línea de garantía de los derechos sociales; servicios públicos (por ejemplo, salud y educación); el mantenimiento del orden y la inversión en infraestructura para el crecimiento y desarrollo. Por estos objetivos, el rol que desempeña la administración pública —en todos sus niveles— es fundamental para la racionalidad del Estado como organización política y el bienestar de la población. Las funciones de la administración pública dotan de un sentido funcional al Estado, por lo que su actuación bajo ciertos principios posibilita relaciones de colaboración, cooperación y orden entre la sociedad.
La importancia de contar con una administración pública eficaz para la gestión de los asuntos públicos para obtener buenos resultados para la sociedad. Esto se destaca en el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio), fecha fijada por la Asamblea General de la ONU para estimular y celebrar el valor de los servicios públicos y destacar su contribución en el desarrollo individual y colectivo. Además, es un recordatorio anual, pertinente para reconocer la necesidad de modernización de las administraciones, la orientación hacia resultados, la conformación de esquemas profesionalizantes y de innovación para la mejora continua.
Destaco esta conmemoración porque en el caso de México, mediciones como la de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el estudio “Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina” publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sugieren una mejora gradual de la confianza ciudadana en los gobiernos y por tanto en las administraciones públicas. La ENCIG en su edición 2023, publicada en marzo de 2024, arroja que algunos de los servicios públicos con mejores registros porcentuales del nivel de satisfacción general son la educación pública universitaria (81.6%), la energía eléctrica (78%), la educación pública de primaria a bachillerato (71%) y el agua potable (50.7%).
El escenario que plantean los datos demuestra el valor dado a las funciones vinculadas con la satisfacción de necesidades individuales y de los hogares en México. Además, el documento de la OCDE señala una mejora sustantiva —para el caso de México— en la confianza en el gobierno federal, que pasó de 41% en el año 2008 a 53% en 2022. Las explicaciones pueden ser diversas, sin embargo, muchas de ellas están relacionadas con el nivel de satisfacción que los ciudadanos experimentan al momento de relacionarse con las administraciones públicas en trámites y servicios, así como la atención a través de programas sociales y políticas públicas.
En el plano internacional son varios los esfuerzos institucionales por mejorar el desempeño de la acción de gobierno. Hay un consenso sobre la relevancia que tiene la actuación de la administración pública en la consecución de objetivos de la más alta importancia y, por tanto, de la necesidad de que sean espacios de innovación y modernización permanente. En consecuencia, si los problemas públicos cambian, entonces las organizaciones de la administración pública deben ser —como se argumenta desde Naciones Unidas— receptivas y adaptativas de las nuevas necesidades. Esta tesis sugiere que las administraciones deben generar esquemas de autoevaluación y también de vinculación con las entidades de fiscalización y evaluación externa para mejorar procesos, políticas, programas, trámites y servicios.
Si las administraciones públicas conforman dinámicas virtuosas para fortalecer sus áreas de mejora, entonces su actuación en la atención de las necesidades sociales será más eficiente.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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