Este mes de febrero tiene una peculiaridad, ya que se analizará en los poderes de la nación, y en especial en el poder legislativo la reforma del “Plan B” para destazar al Instituto Nacional Electoral (INE). La discusión sobre la reforma y los supuestos que estarán entrando en vigor, dejarían más que mal herido al árbitro electoral y ponen en riesgo la gobernabilidad democrática y a la misma democracia mexicana.
Destazar al INE es un atentado en contra de las instituciones democráticas que son un producto de la lucha cívica. La alternancia política fue posible a la movilización ciudadana, al acuerdo parlamentario de ideas, a la confrontación por la vía pacífica y la resistencia cívica que en cada proceso electoral se materializaba en cambios sustanciales en la organización de la jornada electoral.
Tratar de que no exista una estructura electoral con un ejército rosa que apoye en las actividades previas, durante y posteriores a los comicios es un atentado contra la transparencia del resultado electoral y además, habría un hueco legal que permitiría la intervención del estado en la orientación del voto de los ciudadanos y la posible manipulación de los materiales y documentos a usar en las diversas fases de las elecciones en México.
La posibilidad de que los recursos públicos del propio gobierno se usen para beneficiar una candidatura, un partido o una alianza electoral están presentes en el imaginario de una regresión autoritaria con un sistema hegemónico… El regreso de una dictadura o una democracia imperfecta donde el que gana es el partido en el poder sin posibilidad de una competencia electoral real, es decir, volver al partido hegemónico.
El acusar a la oposición de corruptos y cómplices es el único argumento que sostiene una mentira dicha mil veces. No hay pruebas, sólo se acusa, se es juez y parte, los que quieren un México sumiso, centralista, con un presidencialismo que absorbe a las cortes judiciales, a los tribunales electorales, a los poderes legislativos y se autonombra como un gobierno de los pobres, cuando en lugar de eliminar y combatir la pobreza la fomenta para seguir en el poder a través de un clientelismo político que da resultados en lo electoral.
Lejos quedó el discurso que se pregonaba desde la izquierda radical pidiendo la sana distancia entre el presidente de la república y el partido hegemónico. Las herramientas para evitar el fraude electoral y la manipulación de los resultados en los comicios están a la vuelta de la esquina con la finalidad que desde el propio poder orquestar un posible fraude electoral. La eliminación de la oposición es el propósito, pero que no se toquen a sus preferidos, porque entonces se acusa de mentiras y complots inexistentes.
Defender al INE es defender la democracia. Defender a los institutos electorales, es defender la democracia. Hay tiros, el absolutismo quiere perpetuarse en el poder a costa de lo que sea y al precio que sea. Nos queda como ciudadanos defender las instituciones que permitan votar libremente, sin presiones, con posibilidad de que los votos sean bien contados, que las casillas funcionen al 100%, que las actas sean un reflejo de la voluntad de los votantes y no del gobierno en el poder.
En conclusión, la lucha por la democracia en México y sus libertades están en juego. Los poderes están siendo acosados desde un presidencialismo que trata de construir un régimen de partido hegemónico. Los caudillos de la revolución mexicana tienen un nuevo escenario de combate en el presente siglo. Estamos a punto de ganar un régimen democrático o perder las libertades ciudadanas ante un régimen que denosta las libertades humanas y no acepta el derecho a la divergencia. El INE no está sólo y la democracia mexicana se defiende.
Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE.
Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010.
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