Los cortes de agua no son una novedad para las Juntas Municipales de Agua de los municipios de Chihuahua, es más, son una práctica común que tiene aterrados, literal, a las personas, porque no solo eso, la reconexión del servicio de agua potable suele ser elevado, razón por la cual la gente menos puede contar con él. El agua es un derecho, lo señala la Constitución, pero parece que hay que dejarlo todavía más claro para que el panismo en Chihuahua lo respete.
El Partido del Trabajo en Chihuahua lleva no años, décadas haciendo gestorías a quienes lo soliciten, y las quejas en contra de las JMAS son las que más solicitan, y los problemas siempre son los mismos; elevadas tarifas, cortes de agua y reconexiones a precios irreales. Hacemos una y otra y muchas visitas a las Juntas, pero parece que no conocen o la ley o peor aún, hacen como que no la conocen.
En lugar de eso, en Ciudad Juárez, por ejemplo, existen 4 mil 698 casas en proceso de embargo por adeudos con la Junta de Aguas por cantidades que van desde los 28 mil pesos, hasta cientos de pesos. Confunden los derechos con mercancía, eso es lo que les sucede en realidad.
La Constitución, vaya, ni siquiera la del estado, la federal lo dice muy claro en el artículo 4º, señala: que toda persona tiene derecho a: disponer de agua para consumo personal y doméstico y a que el agua sea suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, y la ley debe definir las bases para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.
La Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Más aún, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) desde el 28 de julio de 2010 establece que el agua potable y el saneamiento son esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Esta claridad no la ven los panistas, por eso propuse en días pasados reformar los artículos 4° y 115 de la Constitución Política, en materia de derecho al agua, a fin de que no se pueda restringir en su totalidad su acceso a la población en ninguna circunstancia.
Tratando de hacer más claras las cosas y evitar las interpretaciones, la propuesta que presenté busca que justamente, para que el agua sea un derecho humano, no se pueda cortar el servicio, ni intentar embargar bienes inmuebles, ni perseguir a las personas solamente porque querer tener acceso al agua.
Las leyes no se tratan de partidos, ni de colores, ni de ideologías, se trata de derechos y no podemos permitir que administraciones de la oposición cobren los servicios básicos y dejen a las personas sin lo más mínimo: el agua.
Lilia Aguilar Gil
Política y académica.
Maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha contribuido en foros internacionales y enseñado en la Universidad de Harvard. Fundadora de la asociación civil LIBRE, se enfoca en el empoderamiento juvenil. Imparte clases en la UNAM y actualmente es Secretaria Técnica en la SSPC, habiendo sido titular en la Secretaría de Gobernación. Su carrera en el Congreso refleja su compromiso con la seguridad y las políticas sociales.
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