La censura es cualquier acción deliberada para limitar, condicionar o impedir que una persona comunique ideas, información o críticas. Puede ser abierta, como amenazas, ataques o una prohibición oficial, o bien encubierta, como retirar apoyos, cerrar espacios o aislar a quien incomoda. Su objetivo siempre es el mismo: silenciar.
En la última década, México ha permanecido en los lugares más bajos del Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). En 2021 ocupaba el puesto 143 de 180; en 2022 mejoró a 128, en 2024 alcanzó el 121, y en 2025 volvió a descender al 124. Estos movimientos no reflejan avances estructurales, sino variaciones temporales en un país que sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
La organización ARTICLE 19 reportó en su informe 2024 “Barreras informativas” que en ese año se registraron 639 agresiones contra periodistas y medios, un aumento del 13.9 % respecto a 2023, con un promedio de un ataque cada 14 horas. De estas agresiones, cerca de un tercio fueron atribuidas a autoridades del gobierno federal, mientras que los gobiernos estatales y municipales concentraron la mayoría. Desde 2019, se contabilizan más de 3,400 agresiones, 46 periodistas asesinados y 4 desaparecidos. México ocupa el séptimo lugar mundial en impunidad por homicidios a periodistas.
A nivel estatal, los datos confirman que la censura y la violencia contra la prensa no se limitan a la capital o a ciertas regiones conflictivas. El estado de Chihuahua, por ejemplo, se mantiene entre los más peligrosos del país para ejercer el periodismo: desde el año 2000 ha registrado 15 asesinatos de periodistas, lo que lo coloca en el tercer lugar nacional, empatado con Oaxaca, y solo por detrás de Veracruz (31) y Guerrero (17). Entre 2019 y 2023, Chihuahua acumuló 11 homicidios y una desaparición seguida de homicidio contra comunicadores y defensores de derechos humanos, lo que lo coloca entre los tres estados con mayor violencia contra la prensa.
Sin embargo, la censura en México no es únicamente física o violenta: también es económica y política. La censura indirecta se ejerce a través de la discrecionalidad en la asignación de la publicidad privada u oficial, da igual. Aunque existe una Ley General de Comunicación Social desde 2018, organizaciones como Fundar y ARTICLE 19 han señalado que no establece criterios objetivos claros ni evita el uso del presupuesto como premio o castigo. El retiro de contratos publicitarios, el bloqueo de acceso a entrevistas y la exclusión de medios críticos de las convocatorias oficiales son mecanismos frecuentes que se repiten a nivel federal, estatal y municipal, sin importar el partido en el poder.
Estos recortes presupuestales suelen justificarse como “decisiones administrativas” o “ajustes financieros”, pero en muchos casos están directamente vinculados a coberturas críticas o investigaciones incómodas. El patrón es reconocible: después de una publicación adversa, llega la cancelación de pauta, el cierre de espacios o el aislamiento informativo. Este tipo de censura es más difícil de documentar, porque no deja oficios ni resoluciones, pero sus efectos son igual de nocivos: debilita económicamente a los medios, incentiva la autocensura y reduce el pluralismo informativo.
Un ejemplo reciente ilustra este fenómeno. Tras una publicación de información sensible que involucraban a un actor político de primer nivel en Chihuahua, se recibió, un par de días despues, la notificación telefónica de que no se renovaría el contrato de publicidad con un organismo descentralizado estatal vinculado al mismo grupo político. No hubo documento formal, solo una llamada. La coincidencia temporal y el vínculo político revelan un patrón que no es exclusivo de ese estado ni de ese partido: la censura económica se practica con igual soltura en todo el país, sin distinción ideológica.
En ADN tenemos política de cero censura interna. Todas las plumas pueden escribir lo que consideren, con responsabilidad. Creo que la pluralidad no es un discurso: es una práctica diaria, incluso cuando incomoda.
La paradoja es que muchos de los empresarios y actores políticos que cuando sienten que un medio es crítico, se alejan, no dan entrevistas o solo buscan confrontar… y luego reclaman que no hay pluralidad. Pero la pluralidad no se construye si se castiga a quien incomoda o se evita deliberadamente el diálogo con voces críticas.
¿Cómo puede haber pluralidad si se le cierran las puertas al debate?”
El problema no es exclusivo del gobierno federal. La censura en México es sistémica y transversal: se da en los tres niveles de gobierno y se alimenta de un mismo recurso —el presupuesto público— usado como herramienta de control. Mientras no haya voluntad política y garantías para aceptar la crítica como parte natural de la democracia, la libertad de expresión seguirá dependiendo de la tolerancia —o la conveniencia— de quienes detentan el poder.
La censura no siempre se impone con fuerza bruta; muchas veces, basta con cerrar una llave presupuestal para que un medio calle. Y mientras el presupuesto siga siendo un instrumento de disciplina política, el periodismo libre seguirá siendo una excepción, no la regla.
La censura, visible o invisible, nos empobrece como sociedad. Defender la libertad de expresión no es algo que se hace a ratos ni solo cuando nos conviene. Se defiende siempre.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
