Este 13 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Santa Tulita, en el municipio de Guadalupe y Calvo, como parte del seguimiento al Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara. Un acto que, al menos en el discurso oficial, busca fortalecer el bienestar de las comunidades indígenas del estado. Sin embargo, mientras se afina el itinerario presidencial, en Ciudad Cuauhtémoc se vive un caso que contradice profundamente el espíritu de justicia social que la mandataria dice encabezar.
Se trata del testimonio de Manuela Cobo Armendáriz, una mujer rarámuri y ejidataria del poblado San Luis de Majimachi, municipio de Bocoyna, quien denunció ante múltiples instancias al delegado estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chihuahua, Joaquín Solorio Urrutia, por hostigamiento, maltrato, acusaciones falsas y retención ilegal durante un trámite agrario.
Según el documento fechado el 17 de octubre de 2025, la ciudadana acudió a las oficinas del RAN para registrar una sentencia agraria cuando fue engañada para volver y luego acusada falsamente de robo, retenida contra su voluntad por casi hora y media, intimidada, y presionada para firmar una confesión de culpabilidad. Todo esto, según su denuncia, acompañado de insultos, humillaciones por su origen étnico y una amenaza directa con llamar a la policía.
“Me hostigó llamándome ladrona y ratera. Me retuvo en contra de mi voluntad, humillándome por mi origen y mi género”, escribe la afectada.
Lo indignante no termina ahí. Pese a que su caso fue remitido al director general del RAN, al titular de la SEDATU, al INPI, a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, y a organismos de derechos humanos, Joaquín Solorio sigue despachando en su oficina como si nada hubiera pasado. Incluso, ha regresado —según versiones extraoficiales— jactándose de que “lo que no mata, fortalece”, y ha enviado mensajes intimidatorios a la denunciante para que “le baje” a su reclamo. La señora, según testigos, teme represalias.
Y mientras tanto, el discurso oficial continúa: que si el bienestar, que si la justicia social, que si la transformación profunda.
Este caso no puede ser ignorado por la presidenta Sheinbaum. Si su visita al corazón de la Tarahumara busca realmente transformar la relación con los pueblos indígenas, el primer paso debería ser escuchar lo que ocurre dentro de sus propias instituciones, y destituir a los funcionarios que ejercen violencia contra quienes dicen proteger.
No basta con convivir con las comunidades, tomarse fotos o anunciar más apoyos. Se requiere coherencia entre el discurso y la acción. De lo contrario, el tan prometido Plan de Justicia quedará reducido a un espectáculo político mientras, en las oficinas del Estado mexicano, se sigue violentando a las mismas personas que se dice defender.
Manuela Cobo no pide privilegios. Pide lo que cualquier ciudadano merece: respeto, justicia y seguridad jurídica. Su testimonio debe ser atendido con seriedad. Porque mientras la impunidad sea la norma en instituciones como el RAN, no habrá transformación que valga en Chihuahua.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
