Muy seguramente quienes me hacen el enorme favor de leer estas líneas tienen presente que en las semanas pasadas, en el marco de la discusión de la recién aprobada ley de aguas, se decía por algunos actores políticos que el Gobierno de México no apoyaba a los productores del campo chihuahuenses y que la 4T tenía en el olvido a Chihuahua, pero yo tengo otros datos y sin el afán de polemizar solo de informar me permito presentarlos.
Por cuestiones de espacio y para facilitar la discusión voy a dividir el análisis de los programas de apoyo al campo chihuahuense y comienzo con el programa de Fertilizantes para el Bienestar.
Es importante recordar que hace justo un año, la PresidentA de México firmó un decreto que modifica el artículo 27 de nuestra Constitución, asegurando de esta manera un apoyo anual directo y la entrega gratuita de fertilizantes a las productoras y productores agrícolas, quienes puede recibir hasta 300 kg de fertilizantes por hectárea, con un límite de 2 hectáreas por persona.
En todo el país, para 2025, se estima que se atenderán 3.4 millones de hectáreas de cultivos prioritarios para lo cual se distribuirá un millón de toneladas de fertilizante gratuito a 2 millones 62 mil campesinas y campesinos.
En Chihuahua este programa se implementa por tercer año consecutivo y a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 2025 se facilitó la distribución gratuita de 28,585 toneladas de DAP y UREA para fortalecer la productividad de 99,102hectáreas de cultivos estratégicos (maíz, frijol) en beneficio directo de 51,945derechohabientes de pequeña y mediana escala.
Ahora bien si este programa lo vemos en términos económicos o en recursos dispersados, en dinero pues, y sin considerar gastos de operación el monto invertido este año, únicamente para el programa de Fertilizantes para el Bienestar fue de 574 millones de pesos.
Creo importante destacar que en Chihuahua, del total de derechohabientes, 18,740 mujeres rurales serán beneficiarias de este programa, con lo que se sigue rompiendo barreras históricas y se avanza en la igualdad en el acceso a recursos esenciales, estoy convencido que su participación no solo impulsa la producción, sino que también garantiza un impacto social profundo en sus comunidades.
Mención aparte merece comentar que más de 15 mil productoras y productores pertenecen a comunidades indígenas del estado. Un acto de justicia social.
No tengo la menor duda de que este tipo de programas busca reducir las brechas históricas de desigualdad en el campo mexicano con base en los principios de igualdad sustantiva, justicia social y prosperidad compartida, fundamentales en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y reivindicados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Concluyo comentando que aunque respeto el derecho que tienen de hacerlo quienes expresan que el campo de Chihuahua está abandonado por la Federación pues la realidad es otra y es muy distinta al discurso que suena llamativo pero irreal.
Continuará…
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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