La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) organizó la décima edición del Foro Global Anticorrupción e Integridad, siendo el primero en 2013, el cual es un espacio de análisis y discusión en materia de integridad y combate a la corrupción. Cada año, convoca a líderes de todo el Mundo, esto es gobiernos, organismos internacionales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. En este año, considerando que estamos cerca del proceso de recuperación de la pandemia de COVID-19, los organizadores propusieron como tema central del Foro de este año, la renovación con integridad.
La pandemia y una de sus secuelas, la crisis socioeconómica, incrementaron el riesgo de posibles irregularidades, desvíos en los presupuestos, y corrupción. En los momentos de emergencia extrema, este tipo de actos no solo comprometen la eficacia, efectividad y economía del quehacer gubernamental, sino que, en circunstancias críticas, pueden tener importantes costos en términos de sufrimiento humano, agravando la desigualdad y la pobreza, minando la confianza ciudadana en las instituciones públicas y el sistema democrático. Por ello, es indispensable fomentar la integridad la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas para reducir la ocurrencia de estos actos y, eventualmente, erradicarlos, evitando el abuso en la contraparte de figuras como el anonimato.
Después de 2 años del inicio de la pandemia del COVID 19, estamos en condiciones de comenzar a evaluar aspectos en torno a las acciones diseñadas para hacerle frente, así como las medidas adoptadas por las distintas instituciones para continuar con su labor y adaptarse a la incertidumbre. En ese sentido, en este Foro, las y los participantes, discutieron sobre cómo construir marcos normativos e institucionales adecuados para responder a futuros desafíos, multifactoriales y sistémicos, que afectan la gobernanza y cómo promover una recuperación acorde con las metas y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En una de las sesiones, coordinada de manera conjunta por la Presidencia del GACIF, a cargo de Indonesia, y el G20, se exploró el impacto de la pandemia en la labor de las instancias de control gubernamental, como las Entidades de Fiscalización Superior y los Órganos Internos de Control, las lecciones aprendidas para garantizar la continuidad de la fiscalización y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gasto público destinado a la emergencia. Asimismo, las providencias que adoptaron para responder al incremento del riesgo debido a la gran cantidad de recursos públicos destinados a la pandemia para controlar y vigilar su uso correcto, promover la integridad y prevenir, detectar e investigar posibles actos de fraude y corrupción. También se estudió qué más puede hacerse para facilitar, favorecer la cooperación y la colaboración entre EFS, órganos internos de control, agencias anticorrupción e instancias de administración y procuración de justicia para manejar las crisis futuras con mayor coordinación y eficacia.
Una muestra de estas acciones es la Auditoría Cooperativa de Cumplimiento sobre Transparencia, “ Uso Responsable e Inclusión en el Uso de Fondos de Emergencia para hacer frente al COVID-1, coordinada por la ASF en el ámbito de la OLACEFS.
Los resultados de esta auditoría cooperativa, así como los de las auditorías que cada EFS realiza, respecto del gasto y las distintas políticas y programas gubernamentales realizados en esta emergencia, aportaran información confiable, objetiva y útil, para consolidar la recuperación, y permitirnos enfrentar de mejor manera las amenazas futuras, compartiendo las experiencias nacionales, todas y cada una, aportan algo.
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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