El Senado de la República Mexicana ha aprobado una reforma a la Ley de Amnistía que ha generado debates acalorados y preocupaciones sobre el futuro de la justicia en el país. La reforma permite que el inquilino de Palacio otorgue amnistía de forma directa a personas que brinden información relevante en casos importantes para el Estado mexicano. Sin embargo, esta medida no está exenta de riesgos.
La reforma añade un nuevo artículo (artículo 9) a la Ley de Amnistía; esto significa que personas que hayan estado involucradas en delitos podrían recibir el beneficio de la amnistía si colaboran con la justicia. La intención detrás de esta medida es fomentar la cooperación y obtener datos valiosos para esclarecer crímenes y proteger al Estado.
Aunque la reforma tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, existen riesgos significativos, así como una decisión arbitraria y poco transparente. La falta de criterios claros para determinar quiénes son elegibles podría generar desconfianza en la sociedad y debilitar la credibilidad del sistema judicial.
Al liberar a personas que han enfrentado acciones penales, la reforma podría abrir la puerta a la impunidad. Si no se establecen límites precisos, podríamos ver casos en los que individuos culpables de delitos graves eviten las consecuencias legales simplemente proporcionando información. Esta amnistía podría aplicarse a personas sentenciadas por cualquier crimen, incluso delitos federales como narcotráfico, trata de personas, feminicidios o secuestros. ¿Será esta parte de la estrategia “abrazos, no balazos”? Esto podría afectar la independencia del sistema judicial y debilitar los contrapesos necesarios para garantizar una justicia imparcial.
¿Quiénes serán los beneficiarios de esta amnistía? ¿Qué criterios se aplicarán? Algunos argumentan que la reforma podría favorecer a ciertos grupos o individuos en lugar de priorizar a las víctimas y la justicia.
En última instancia, la amnistía directa es una herramienta poderosa que debe utilizarse con responsabilidad y transparencia. El equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la preservación de la justicia es un desafío constante, y México enfrenta ahora una decisión crucial en su camino hacia un sistema legal más justo y efectivo.
Debemos estar atentos y participar en el debate público para asegurar que se protejan los derechos fundamentales y se preserve la integridad del sistema de justicia.
Es crucial que se establezcan salvaguardias claras para evitar abusos y garantizar que la amnistía no se convierta en un instrumento de impunidad. El equilibrio entre la necesidad de obtener información valiosa y la preservación de la integridad del sistema judicial es un desafío que debe abordarse con responsabilidad y transparencia. México no está bien, no estamos bien.
Este gobierno insiste en entregarle en las manos nuestra Constitución para que tome decisiones que no le corresponden. En última instancia, el país debe reflexionar sobre los riesgos de esta reforma. ¿Estamos dispuestos a aceptar los peligros potenciales a cambio de una mayor cooperación en la lucha contra el crimen? La respuesta está en manos de todos los mexicanos. ¡México, despierta!
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
