El IFT fue un organismo constitucional autónomo (OCA) en México, que sustituyó en 2013 a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para cumplir con independencia técnica y política, sus funciones de otorgar y supervisar concesiones para medios de comunicación, promover el desarrollo del sector y proteger los derechos de las audiencias y de los usuarios.
El pasado 17 de octubre dejó de existir, como resultado de la reforma constitucional mediante la que se extinguieron varios OCA’s, con el argumento de reducir gastos y centralizar sus funciones en el gobierno federal, a través de una nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a la que, aunque presuntamente le mantienen cierto grado de autonomía como organismo desconcentrado, actuará con cinco nuevos comisionados designados por el ejecutivo federal. En efecto, por el poder de nombramiento directo para el ejecutivo federal de los comisionados de la CRT, así como por la reducción de sus atribuciones, esta ya es considerada desde su génesis por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como un regulador de tercera generación, que difícilmente podrá tutelar eficientemente los derechos constitucionales de las audiencias y los usuarios del espectro radioeléctrico. Es importante mencionar que antes de desaparecer, el IFT había sido ya considerado como un regulador de quinta generación conforme a la clasificación de la UIT, que representa el grado máximo en la escala de colaboración internacional.
Pero probablemente uno de los mayores daños derivados de la extinción del IFT, venga del lado recaudatorio. Como estaba conformado, logró generar solo durante los siete años de los gobiernos morenistas, una recaudación nada despreciable de U.S. $7,491.31 millones de dólares por su trabajo regulatorio. En sus doce años de existencia, su presupuesto acumulado fue equivalente a U.S. $1,106.1 millones de dólares, a los tipos de cambio vigentes, habiendo recaudado en el mismo período U.S. $12,132.84 millones de dólares; esto es, que por cada dólar que recibió de presupuesto, regresó U.S. $11 dólares al erario.
También debe resaltarse que durante los doce años que funcionó, bajaron los precios de los servicios móviles a la mitad, se duplicaron las conexiones de internet en los hogares mexicanos y se amplió la pluralidad en la radio y la televisión con licitaciones de espectro, sentando las bases para el incremento de las inversiones y la mejora de la infraestructura en telecomunicaciones y radiodifusión en México.
Esperemos que no por arrebatos y decisiones insuficientemente sustentadas desde los diversos ámbitos que un análisis técnico y cuidadoso precisa, como en este caso el recaudatorio, vaya a resultar peor el remedio que la solución
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
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