En este aniversario, un grupo bipartidista de congresistas presentó en Washington una nueva propuesta de ley bautizada como “American Dream and Promise Act”, que tendría como objetivo amparar a unos 580.000 inmigrantes beneficiarios de DACA después de numerosas batallas judiciales.

La representante demócrata de Texas Sylvia García consideró que es una legislación “histórica” que garantizaría de una vez la legalización definitiva de los conocidos como dreamers, o soñadores, gran parte de estos adultos que se desempeñan en diferentes sectores como las fuerzas armadas, la educación, y servicios de salud.

“El futuro de los soñadores todavía está en el limbo, el Congreso debe actuar ahora”, dijo la legisladora al hacer el llamado a sus colegas de la Cámara Baja para legalizar a estos inmigrantes en “la tierra que consideran suya”, donde crecieron.

De 2012 al 2023 DACA ha sido el centro de varias batallas judiciales y políticas con el tema migratorio entremedio. A pesar de haberse aprobado legislaciones en ambas cámaras del Legislativo Federal para ofrecer una solución definitiva a estos inmigrantes, los proyectos de ley no han sobrepasado la ajustada mayoría en ambas cámaras, sobre todo por la oposición republicana.

El programa sólo amparó a inmigrantes que llegaron a EEUU antes de cumplir 16 años, y que habían permanecido de forma ininterrupinda en el territorio durante cinco años antes de la fecha de incio del plan de registro. Los permisos de trabajo y de estancia legal en el país son prorrogables cada dos años.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también delineó los criterios de elegibilidad, como ser menor de 31 años en la fecha de apertura de DACA, ser graduado de la escuela secundaria en EEUU o estar todavía en formación escolar y tener el expediente limpio. El programa no admitió a jóvenes que hubiesen tenido cargos criminales o problemas con la ley.

El expresidente Donald Trump abolió el 5 de septiembre de 2017 el DACA porque consideró que no se había seguido una “aplicación confiable de la ley migratoria” para poder establecer “comunidades seguras”.

Aunque dijo que “no estoy a favor de castigar a niños, o a la mayoría de ellos que ya son adultos, por las acciones de sus padres (…) pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes”.

Aquella decisión desencadenó una serie de demandas que hasta la fecha no han concluido y por las que el programa siguió vigente gracias a las medidas cautelares y ajustes bajo órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca, las que también entraron en demandas impulsados por sus opositores de sectores antiinmigrantes.

Isaías Guerrero, colombiano residente en Washington, comenta a la Voz de América que a pesar de la incertidumbre que generan los procesos judiciales en curso, ser beneficiario de DACA permite trabajar legalmente e insertarse en la vida estadounidense, aunque todavía persiste la inquietud sobre el devenir del programa y los caminos aún cerrados para obtener la residencia permanente.

USCIS ha ajustado periódicamente los procedimientos acorde a las resoluciones judiciales para continuar con la estancia legal del más de medio millón de inmigrantes cobijados bajo este programa.