La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al excanciller y exsecretario de Hacienda por mentir en sus declaraciones patrimoniales, sanción que le prohíbe ejercer un cargo público durante este período
Ciudad de México. – La inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Videgaray, es “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”, en la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Videgaray fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta esta fecha “por respeto a la veda electoral” con respecto a acciones de comunicación social de parte del Gobierno federal, explica un comunicado de la dependencia.
En junio de 2019 comenzó la investigación patrimonial sobre el exfuncionario luego de que se hizo pública su posible participación en la compra irregular con sobreprecio de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados.
Esa compraventa se realizó con un esquema de sobornos pagados por la firma propietaria de la “fábrica chatarra”, Altos Hornos de México SA (AHMSA) a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, “que ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado”.
La sanción es la máxima que permite la ley mexicana dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un funcionario público.
El castigo “es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”, dice el anuncio oficial.
En abril pasado, un juez federal validó, por primera vez, la acusación de la Fiscalía General de la República sobre una presunta asociación delictiva encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto y Videgaray.
El objetivo de esa trama fue sobornar con casi 100 millones de pesos (unos 5 millones de dólares) a un grupo de legisladores para aprobar una reforma energética en 2013, que provenían de transferencias ilegales pagadas por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos.
Las acusaciones se basan en confesiones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya (2012-2016), y de cuatro personas más que participaron de las entregas del dinero a los legisladores.
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