Asegura Zuany que Maru sí sabía de la presencia de la CIA; Campos lo niega

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El exfuncionario dijo a The New York Times que Campos conocía las operaciones de la CIA; la gobernadora rechazó su versión y pidió que declare ante un juez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Guillermo Arturo Zuany Portillo aseguró a The New York Times que la gobernadora Maru Campos sí tenía conocimiento de la presencia de la CIA en Chihuahua, una afirmación que la mandataria rechazó y ante la cual pidió al exfuncionario presentarse ante un juez si tiene información que sostenga su dicho.

La declaración forma parte de una extensa investigación publicada este 10 de noviembre por el diario estadounidense, que reconstruye más de seis meses de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia dentro de estructuras de seguridad de Chihuahua y coloca a Zuany como el funcionario que habría facilitado a agentes estadounidenses acceso a corporaciones estatales, entrenamientos y operativos contra organizaciones criminales.

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The New York Times señala expresamente que Campos ha sostenido que desconocía las actividades de la CIA en el estado. Zuany contradijo directamente esa posición en mensajes enviados al periódico, al afirmar que la gobernadora sí estaba enterada de la presencia de la agencia estadounidense.

Campos respondió al diario que Zuany está equivocado y sostuvo que cualquier señalamiento debe llevarlo ante las autoridades.

“Si tiene algo que decir, que se presente y lo diga”.

La acusación de Zuany adquiere relevancia dentro de la reconstrucción realizada por The New York Times porque el periódico describe una cooperación que habría sido prolongada, recurrente y desarrollada directamente con corporaciones estatales, y no un contacto aislado ocurrido durante una sola operación.

El reportaje está sustentado, según el propio diario, en cientos de páginas de documentos no publicados y entrevistas con alrededor de dos decenas de funcionarios mexicanos y estadounidenses, varios de ellos conocedores de operaciones confidenciales e investigaciones relacionadas con el caso.

Uno de los hallazgos centrales de la publicación es que la CIA habría comenzado a trabajar con Zuany alrededor de 2025, aun cuando existían advertencias sobre sus antecedentes y autoridades estadounidenses investigaban posibles vínculos suyos con organizaciones criminales.

The New York Times tuvo acceso a una carta enviada por funcionarios mexicanos al FBI en la que se señalaba que Estados Unidos había retirado meses antes la visa de Zuany debido a sospechas sobre presuntos vínculos con los mismos grupos criminales que la CIA pretendía combatir.

Pese a ese antecedente, el diario sostiene que Zuany se convirtió después en un contacto de confianza de la agencia en territorio chihuahuense.

Funcionarios mexicanos y estadounidenses dijeron al periódico que la visa de Zuany fue posteriormente restituida mientras éste colaboraba con la CIA facilitando su operación en Chihuahua.

La investigación plantea así una de sus principales contradicciones: un funcionario que había quedado bajo sospecha de las propias autoridades estadounidenses terminó convertido, de acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico, en un enlace privilegiado para ampliar la presencia operativa de la CIA en México.

Según cuatro funcionarios mexicanos citados por The New York Times, en el otoño de 2025 Zuany presentó personalmente a un oficial estadounidense identificado como integrante de la CIA ante policías estatales de Chihuahua.

Zuany habría explicado a los agentes mexicanos que el estadounidense llegaba para colaborar en la formación de una nueva unidad de fuerzas especiales.

Durante los meses siguientes, el integrante de la CIA observó ejercicios tácticos, analizó armamento y equipamiento y participó en entrenamientos físicos junto con efectivos estatales.

Posteriormente, ese agente y otros integrantes de la CIA comenzaron a acompañar directamente determinados operativos de las fuerzas de Chihuahua, generalmente junto con Zuany, de acuerdo con documentos y testimonios revisados por el periódico.

La participación estadounidense descrita por The New York Times rebasa el intercambio convencional de información. El reportaje afirma que agentes de la CIA utilizaron equipo táctico, portaron armas y, en algunas intervenciones, vistieron prendas con insignias de las fuerzas de Chihuahua.

También llevaban computadoras y tabletas durante las operaciones, aparentemente para proporcionar inteligencia en tiempo real.

El periódico precisa que los integrantes de la CIA no habrían participado directamente en enfrentamientos, pero sí proporcionaban información, orientación táctica y apoyo durante los despliegues.

En una de las operaciones reconstruidas por el diario, Zuany y un estadounidense presuntamente perteneciente a la CIA discutieron la manera en que debían posicionarse los elementos estatales antes de una misión.

En otro operativo contra una vivienda presuntamente utilizada por integrantes del crimen organizado, un agente estadounidense habría permanecido en el exterior con un rifle dando cobertura mientras policías mexicanos ingresaban al inmueble.

Posteriormente, otro integrante de la CIA revisó dispositivos electrónicos asegurados durante el operativo y estuvo presente en el interrogatorio de un detenido, según funcionarios mexicanos citados por el periódico.

Esos episodios resultan relevantes porque la presidenta Claudia Sheinbaum había establecido públicamente que fuerzas estadounidenses no podían realizar operaciones terrestres en México sin autorización federal, al considerar que una actuación de ese tipo involucraría directamente la soberanía nacional.

The New York Times sostiene que, mientras Sheinbaum fijaba públicamente esos límites, su gobierno había profundizado de manera privada la cooperación en seguridad con Estados Unidos, incluida la CIA, en parte para contener las presiones de Donald Trump sobre posibles acciones unilaterales contra los cárteles.

La diferencia, según la investigación periodística, estaría en que las autoridades federales consideran que funcionarios de Chihuahua permitieron actividades que excedieron los límites autorizados desde la Federación.

El reportaje describe también la operación realizada en abril en la Sierra de Chihuahua como el punto en que aquella cooperación dejó de ser secreta.

Cuatro agentes estadounidenses se incorporaron a un convoy formado por más de 60 integrantes de fuerzas mexicanas para localizar un laboratorio clandestino de metanfetaminas, según documentos y testimonios revisados por el diario.

Los agentes de la CIA habrían utilizado pasamontañas para ocultar sus identidades durante el despliegue y ayudaron a los elementos mexicanos a localizar el laboratorio.

La operación terminó con el accidente de un vehículo en el que viajaban dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos. Los cuatro murieron después de que la unidad cayó por un barranco de aproximadamente 300 pies.

Aunque ese episodio detonó posteriormente la crisis política y judicial, la investigación de The New York Times aporta información adicional sobre lo ocurrido inmediatamente después.

Zuany no participó directamente en aquella incursión, pero agentes que se encontraban en el lugar lo llamaron después del accidente, según documentos y dos personas presentes.

Estas fuentes dijeron al diario que Zuany ordenó retirar los cuerpos de los dos estadounidenses y verificar que no portaran insignias del Gobierno mexicano.

Tres personas consultadas por The New York Times aseguraron además que Zuany presionó posteriormente a elementos mexicanos para ocultar ante las autoridades la presencia de la CIA en el operativo.

Fue después de que la participación estadounidense quedó expuesta cuando la Presidencia de la República exigió explicaciones sobre las operaciones realizadas en Chihuahua.

Campos ha sostenido desde entonces que desconocía esas actividades. Su administración atribuyó inicialmente la presencia de los estadounidenses a decisiones tomadas por un mando policial que murió durante el accidente.

La investigación de The New York Times coloca ahora frente a esa versión el señalamiento directo de Zuany: que la gobernadora sí sabía.

La publicación no presenta esa afirmación como un hecho judicialmente acreditado. La atribuye de manera específica a Zuany y consigna inmediatamente la negativa de Campos, por lo que ambas posiciones permanecen enfrentadas.

El periódico incorpora además otros antecedentes sobre Zuany. De acuerdo con documentos revisados por sus periodistas, cuatro testigos presentaron denuncias en las que lo acusaron de haber participado como cómplice en el asesinato de dos policías ocurrido en 2022 y de obstaculizar después las investigaciones.

Uno de esos testigos solicitó protección después de recibir información de que Zuany habría ordenado asesinarlo y posteriormente fue incorporado a un programa estadounidense de protección de testigos, según cuatro personas conocedoras del caso citadas por el diario.

Tales señalamientos forman parte de denuncias e investigaciones y no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal de Zuany.

El propio exfuncionario respondió a The New York Times mediante mensajes de texto y aseguró haberse conducido siempre de manera ética y profesional. También sostuvo que las fuentes consultadas por el periódico ofrecían versiones motivadas por resentimientos y mala fe.

La CIA declinó hacer comentarios.

La dimensión del reportaje cambia el foco del caso: ya no se limita a establecer que agentes estadounidenses estuvieron presentes en una operación específica, sino que describe una estructura de colaboración que habría funcionado durante meses dentro de las fuerzas de seguridad de Chihuahua.

Y sobre esa estructura permanece ahora abierta una de las principales interrogantes políticas: qué nivel del Gobierno estatal conocía realmente la presencia de la CIA y hasta dónde llegaba el conocimiento de la gobernadora.

Zuany afirma que Maru Campos sabía. Campos lo rechaza y exige que el exfuncionario comparezca ante un juez si cuenta con elementos para sostener su señalamiento.

Hasta ahora, The New York Times documenta la existencia de ambas versiones, pero no establece de manera independiente que la gobernadora hubiera autorizado o conocido personalmente las operaciones descritas.

Zuany permanece prófugo mientras continúan abiertas las investigaciones relacionadas con la participación de funcionarios estatales y agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.

Con información de The New York Times

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