La Guardia Nacional ha desplegado unos 450 elementos para tareas de protección a servidores públicos.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, informó que desde septiembre de 2024 a la fecha —periodo correspondiente al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum— la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas para servidores públicos de distintos niveles de gobierno en el país, con un total aproximado de 450 elementos asignados a estas labores de protección.
Durante la conferencia matutina de este lunes, Trevilla detalló que las solicitudes provienen de autoridades federales, estatales y municipales, quienes han pedido apoyo ante posibles riesgos a su seguridad. Aclaró, sin embargo, que en los últimos días no se ha recibido un incremento notable de peticiones, pese a los recientes hechos de violencia contra funcionarios, como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
“No se han recibido en los últimos días una gran cantidad de solicitudes, pero estamos atentos”, señaló el general Trevilla, quien compareció junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El titular de la Sedena explicó que el proceso para asignar escoltas sigue un protocolo estricto. En primer lugar, la persona interesada presenta la solicitud, la cual se somete a un análisis de riesgo. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emite una opinión técnica sobre el nivel de vulnerabilidad del solicitante, y con base en ese dictamen se determina el tipo de servicio y el número de elementos asignados.
La medida busca garantizar la seguridad de funcionarios que, por el tipo de cargo que desempeñan o el contexto de violencia regional, pudieran enfrentar amenazas o intentos de agresión. Los elementos designados pertenecen a unidades especializadas de la Guardia Nacional con capacitación en protección de personas, protocolos de reacción y evaluación de riesgos.
Aunque no se precisó el nivel de gobierno al que pertenece la mayoría de los solicitantes, fuentes castrenses han señalado que buena parte de las escoltas se concentran en entidades con altos índices de violencia o presencia de grupos delictivos, como Michoacán, Guerrero, Jalisco, y Chihuahua.
La cifra actualizada de 70 escoltas activas refleja la continuidad del esquema de protección federal implementado desde administraciones anteriores, pero con una supervisión más estrecha del Ejército y la Guardia Nacional. Trevilla enfatizó que los protocolos se aplican “con base en criterios técnicos y de necesidad comprobada”, evitando un uso discrecional del personal de seguridad destinado a la protección de funcionarios.
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