De acuerdo a la información oficial, los primeros tres meses del año 2025 han sido particularmente críticos en cuanto a extorsiones en México, rompiendo récords de denuncias y registrando los números más altos de los últimos seis años para este periodo. En total, se han acumulado 6,880 casos de extorsión a lo largo del año, lo que pone de manifiesto la persistencia de este delito en el país.
Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Para poner en perspectiva la gravedad de la situación actual, es importante comparar los datos de 2025 con los de años anteriores. En este sentido, el año 2022 se identifica como el segundo con mayor número de extorsiones, lo que indica una tendencia alarmante que ha ido en aumento y que requiere atención inmediata por parte de las autoridades.
Geográficamente, el delito de extorsión no está distribuido de manera uniforme en todo el país. Las cifras revelan que ocho entidades federativas concentran la mayor parte de estos ilícitos. Juntas, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán acumulan el 66% de todas las extorsiones a nivel nacional.
Esta concentración geográfica convierte a estas entidades en puntos focales para la implementación de estrategias de seguridad más efectivas.
En respuesta a esta creciente ola de extorsiones, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha lanzado recientemente una campaña específica contra este delito. Una de las acciones clave dentro de esta estrategia es la habilitación del número telefónico 089, diseñado para que las víctimas puedan denunciar y buscar ayuda en casos de extorsión.
Esta medida busca empoderar a la ciudadanía y facilitar la denuncia de estos actos delictivos.
Según cifras de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México, el delito de extorsión provoca pérdidas anuales promedio de 6,200 millones de dólares al país.
Esta cifra resalta el impacto económico que tiene la extorsión en la sociedad y la economía nacional, lo que hace urgente la necesidad de abordar este problema de manera integral.
En este contexto, el Congreso de la Unión ha presentado un proyecto de reforma al artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de homologar el delito de extorsión a nivel federal. Además, se busca actualizar el Código Penal Federal para incluir las nuevas modalidades de extorsión que han surgido en los últimos años, dado que la última modificación se realizó en 1984.
Este esfuerzo legislativo es un paso importante hacia la modernización de las leyes y la protección de los ciudadanos frente a este delito en constante evolución.
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