Manolo Jiménez y Esteban Villegas figuran en un reporte sobre presuntas solicitudes de información financiera realizadas por autoridades estadounidenses.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Manolo Jiménez y Esteban Villegas aparecen entre los siete mandatarios estatales mencionados en un reporte periodístico difundido por Código Magenta sobre una presunta investigación financiera de Estados Unidos. Ambos gobernadores encabezan actualmente los únicos gobiernos estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México.
La publicación señala que autoridades estadounidenses habrían solicitado información relacionada con cuentas personales y movimientos financieros de diversos funcionarios mexicanos y de integrantes de sus círculos familiares mediante instituciones financieras con operaciones en el país.
¿Quiénes son los gobernadores del PRI mencionados en la investigación?
Manolo Jiménez Salinas gobierna Coahuila y Esteban Villegas Villarreal encabeza Durango, las dos únicas entidades gobernadas actualmente por el PRI. La aparición de ambos mandatarios en el mismo reporte ha llamado la atención debido a que representan la totalidad de las gubernaturas priistas vigentes en México.
La investigación periodística identifica a Villegas, militante priista y gobernador de Durango, así como a Jiménez, gobernador de Coahuila y surgido de una coalición encabezada por el PRI.
Los únicos dos gobernadores priistas aparecen en la lista
Actualmente el PRI conserva únicamente dos gobiernos estatales tras la reducción de su presencia territorial en los últimos procesos electorales. Por ello, la inclusión de Manolo Jiménez y Esteban Villegas adquiere relevancia política dentro del contexto nacional. Coahuila y Durango representan los únicos estados gobernados por el PRI y concentran buena parte de la estructura territorial que aún conserva el partido a nivel nacional.
De los siete mandatarios mencionados en la publicación, dos pertenecen al PRI y cinco están identificados con Morena o llegaron al cargo impulsados por ese partido. La composición de la lista resulta significativa debido a que incluye a la totalidad de los gobernadores priistas actualmente en funciones.
Además de los gobernadores de Coahuila y Durango, el reporte menciona a Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos; Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz; Salomón Jara, gobernador de Oaxaca; y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, todos identificados políticamente con Morena.
Aunque la lista incluye a mandatarios de distintos partidos, gran parte de la atención pública generada por el reporte se ha concentrado en los nombres vinculados a Morena, mientras que la presencia de los dos gobernadores priistas ha recibido menor atención dentro de la discusión política generada tras la publicación.
La investigación sostiene que autoridades estadounidenses habrían solicitado información sobre cuentas personales y movimientos financieros de funcionarios y familiares cercanos.
Qué señala el reporte sobre la investigación financiera
La publicación refiere solicitudes de información financiera, pero no reporta acusaciones formales, órdenes de aprehensión ni resoluciones judiciales contra los funcionarios señalados.
Tampoco existe hasta el momento una confirmación pública por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre investigaciones penales abiertas contra los mandatarios incluidos en la lista.
El dato político central es que la totalidad de los gobernadores priistas en funciones aparecen mencionados en el reporte. Coahuila y Durango representan actualmente los principales bastiones territoriales del PRI, partido que durante décadas dominó la política nacional y que hoy conserva únicamente esas dos gubernaturas.
La aparición de ambos mandatarios ocurre además en un contexto de reacomodo interno del priismo, marcado por el fortalecimiento de liderazgos regionales y la disminución de su presencia electoral en la mayor parte del país.
El reporte periodístico no atribuye delitos específicos ni informa sobre procesos judiciales concluidos contra los gobernadores mencionados.
Hasta el cierre de esta edición no se habían difundido posicionamientos oficiales de los gobiernos de Coahuila y Durango respecto a los señalamientos contenidos en la publicación.
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