La propuesta busca disminuir recursos destinados a estructuras políticas y redirigirlos a obras y programas sociales en estados y municipios.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un “Plan B” en materia electoral, luego de que la reforma constitucional enviada por su gobierno no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para su aprobación.
La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para alcanzar las dos terceras partes de los legisladores presentes requeridas para modificar la Constitución. Legisladores de distintas fuerzas políticas manifestaron reservas sobre los cambios propuestos al sistema electoral, particularmente por posibles afectaciones a la autonomía de las autoridades electorales y a la representación política.
Ante este escenario, la mandataria federal explicó durante La Mañanera del Pueblo que su gobierno impulsará medidas administrativas y legislativas alternativas orientadas a reducir el gasto público en estructuras políticas y fortalecer mecanismos de participación ciudadana.
“Al pueblo de México le parece excesivo la cantidad de recursos públicos que se destinan a partidos políticos y a instituciones electorales en un país con tantas necesidades”.
De acuerdo con la presidenta, el objetivo central es redirigir recursos públicos hacia necesidades sociales prioritarias, como infraestructura de agua potable, drenaje, construcción de escuelas, hospitales y programas de bienestar.
Uno de los ejes del plan consiste en revisar el gasto de los congresos locales, donde —según explicó— existen diferencias significativas en el costo por legislador entre entidades federativas. Como ejemplo, mencionó que Baja California registra un costo aproximado de 34.8 millones de pesos por diputado al año y Morelos cerca de 31.8 millones, mientras que Colima reporta alrededor de 5.1 millones de pesos por legislador pese a tener el mismo número de diputados que Baja California.
Sheinbaum indicó que la intención es reducir gastos considerados excesivos sin afectar salarios ni derechos laborales del personal legislativo, de modo que los recursos permanezcan en los estados y se destinen a proyectos sociales o de infraestructura.
El segundo componente del Plan B plantea revisar el uso de recursos públicos en los gobiernos municipales, donde la presidenta señaló la existencia de erogaciones elevadas vinculadas a salarios de altos funcionarios, vehículos oficiales, gastos de representación y otros beneficios financiados con presupuesto público.
La mandataria afirmó que estas medidas buscan aplicar el principio de austeridad republicana, bajo el cual el gasto gubernamental debe concentrarse en funciones esenciales del Estado y evitar privilegios administrativos.
El tercer eje del planteamiento contempla fortalecer los mecanismos de consulta pública, con el propósito de ampliar la participación directa de la ciudadanía en decisiones relacionadas con políticas públicas en estados y municipios. La propuesta incluye ampliar instrumentos de consulta ciudadana y avanzar hacia un modelo de democracia participativa.
“Yo me comprometí a enviar una reforma que recogiera lo que pedía la gente y cumplí”.
La presidenta sostuvo que, pese al rechazo legislativo de la reforma constitucional, el debate sobre el financiamiento público a partidos políticos, organismos electorales y estructuras gubernamentales continuará, al considerar que existe una demanda social para revisar el destino de esos recursos frente a las necesidades sociales del país.
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