Presenta grupo de la sociedad civil informe que detalla las áreas del gobierno que atienden a personas de recursos limitados y resultaron afectadas con recorte de recursos el próximo año.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – A través de la elaboración de un informe sobre la gestión pública en Chihuahua, integrantes del Frente Político Ciudadanos para la Defensa de los Derechos Humanos denunciaron que la política del Gobierno del Estado, que encabeza María Eugenia Campos, atenta contra los derechos de los grupos vulnerables.
El reflejo principal de las violaciones es el Presupuesto de Egresos que se ejercerá en 2022, se afirma en el análisis que elaboró el grupo, integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil.
Exponen que, por ejemplo, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno del Estado se negó a efectuar recortes significativos en las remuneraciones de altos funcionarios, mientras que los directores de los organismos autónomos se rehusaron a reducir sus percepciones totales y sus prestaciones.
En el tema de salarios para los funcionarios públicos, añaden, falta transparencia porque el tabulador de sueldos y salarios sólo hace referencia a la percepción nominal de los funcionarios sin que se describa y detalle los ingresos que recibirán por compensación, lo que contradice a la Constitución Política Federal.
El presupuesto privilegia a las dependencias que ejercen control político y presupuestal o cultivan la imagen de la Administración, tales como la Secretaría de Hacienda, la Coordinación de Gabinete, la Coordinación de Comunicación y el Despacho del Ejecutivo.
A través del análisis se explica que, por el contrario, a las dependencias que atienden a grupos vulnerables y el combate a la pobreza se les redujo el presupuesto en un 8 por ciento, lo que impactará las actividades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Coordinación Estatal para Pueblos Indígenas, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, la COESVI y el DIF.
En conjunto, continúan, se les disminuye su presupuesto de 1 mil 288.61 millones de pesos a 1 mil 275.20 millones, aunque nominalmente es el 1 por ciento, si se agrega la inflación, la reducción real sería del 8 por ciento.
Aseguran que el presupuesto va en contra de los pueblos originarios y de las víctimas porque el presupuesto para COEPI, la dependencia encargada de atenderlos, disminuye en 10 millones de pesos en 2022 con relación a 2021, que significa un 9 por ciento menos.
Además, los recursos del Fondo de Ayuda y Reparación a Víctimas se reduce a la mitad de 10 a 5 millones de pesos.
El capital dedicado a la Secretaría de Desarrollo Rural, contando los fideicomisos, será un 55 por ciento menor al presupuesto de 2019 porque se disminuyen o desaparecen los apoyos para ganaderos, frijoleros y conservación de los bosques.
Se afecta también a la ganadería, dicen, pues desaparece el Fideicomiso de Fomento Agropecuario en el momento en que más lo necesitan los ganaderos debido a los perjuicios causados por la sequía, para repoblar sus hatos, contratar seguros catastróficos y la resiembra de pastizales.
El Gobierno del Estado, añaden, reduce en un 30 por ciento el Fideicomiso para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado (Fidefose), lo que implica menos recursos para reforestación y cultivo del bosque.
Mientras, al Fondo para el Desarrollo Agropecuario Agroindustrial, Acuícola y Forestal (Fideaaaf) se le recorta la mitad con respecto al 2020.
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