La reforma contempla penas de 8 a 15 años de prisión por obligar a menores de edad a vivir en uniones equiparables al matrimonio.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Chihuahua para tipificar la cohabitación forzada, a propuesta de la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz.
La modificación contempla penas de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta 2 mil 500 días contra quienes obliguen, coaccionen, induzcan, soliciten, gestionen u oferten a personas menores de 18 años para establecer uniones informales equiparables al matrimonio.
Durante su intervención ante el Pleno, la legisladora sostuvo que la reforma busca cerrar vacíos legales que permitían la permanencia de uniones de hecho en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, pese a la prohibición del matrimonio infantil en las 32 entidades del país.
“Son niñas, no esposas”.
Argüelles Díaz señaló que estas prácticas vulneran derechos fundamentales de las infancias y adolescencias, al exponerlas a violencia, deserción escolar, embarazos tempranos y limitaciones para construir un proyecto de vida libre de imposiciones.
Como parte de la exposición de motivos, la diputada presentó cifras de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024, según las cuales 3 mil 114 mujeres menores de 18 años dieron a luz en Chihuahua.
De esos casos, en mil 873 el padre era mayor de edad, mientras que mil 228 madres tenían menos de 14 años al momento del parto, datos que, de acuerdo con la legisladora, evidencian la necesidad de reforzar la prevención, la protección institucional y la investigación de posibles delitos contra la libertad sexual.
La reforma adiciona el artículo 184 Quáter al Código Penal del Estado, y establece que el delito se configura aun cuando exista consentimiento de la persona menor de edad, al tratarse de una población sujeta a protección reforzada.
La diputada morenista destacó que la modificación busca armonizar la legislación estatal con el marco federal y con estándares internacionales de derechos humanos en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.
También planteó la necesidad de acompañar la reforma con campañas de información y prevención dirigidas a familias y comunidades, para advertir sobre las consecuencias de estas prácticas y las sanciones penales correspondientes.
Argüelles Díaz reconoció el consenso de las distintas fuerzas políticas en torno al dictamen y afirmó que su aprobación representa un avance para garantizar mejores condiciones de desarrollo a las nuevas generaciones.
“Ninguna costumbre, tradición o práctica puede estar por encima de sus derechos ni justificar su vulneración”.
La legisladora sostuvo que la tipificación de la cohabitación forzada permitirá sancionar estas conductas, aunque señaló que su erradicación también requiere atender las causas estructurales de desigualdad y vulnerabilidad social que las propician.
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