El Gobierno de Chihuahua planteó cinco acciones para reforzar seguridad y atención humanitaria en la Sierra Tarahumara.
Chihuahua (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado solicitó al Gobierno Federal fortalecer su intervención en el municipio de Guadalupe y Calvo, ante el incremento de la violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara.
En conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Enrique Rascón Carrillo, señaló que el desplazamiento en la entidad es consecuencia de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, situación que ha obligado a numerosas familias, principalmente indígenas, a abandonar sus comunidades.
El funcionario precisó que el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al Gobierno Federal, aunque afirmó que el Estado ha asumido acciones presupuestales, operativas y humanitarias para atender a las personas desplazadas y proteger sus derechos.
“La magnitud del problema exige una mayor participación de la Federación”.
Rascón Carrillo planteó cinco acciones para reforzar la coordinación institucional, entre ellas incorporar el desplazamiento forzado interno como tema permanente en las Mesas de Construcción de la Paz del Gobierno Federal e integrarlo a la agenda del Gabinete del Bienestar.
También propuso fortalecer de manera permanente la estrategia federal de seguridad en municipios serranos, mediante atención a las causas, desarticulación de estructuras criminales y detención de objetivos prioritarios.
El Gobierno estatal solicitó además restablecer servicios federales en las comunidades afectadas, particularmente en materia de salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal para combatir la tala ilegal.
Como quinta medida, pidió destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Durante la conferencia, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, expusieron las acciones implementadas para atender a las familias desplazadas.
Las funcionarias destacaron la activación de mecanismos de acompañamiento y asistencia mediante la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, así como la habilitación de albergues temporales y la entrega de alimentos, atención médica y artículos de primera necesidad.
También informaron sobre apoyo psicológico y jurídico, restitución de documentos personales, vinculación a programas de integración social y laboral, así como acompañamiento para un eventual retorno seguro cuando existan condiciones de seguridad.
El Gobierno del Estado señaló que la atención no se limita a responder a la emergencia, sino que busca restituir derechos de las personas afectadas y ofrecer condiciones para que puedan reconstruir su proyecto de vida.
Finalmente, la administración estatal reiteró su disposición para trabajar en coordinación con la Federación y los municipios, con el objetivo de recuperar la paz, garantizar el respeto a los derechos humanos y generar condiciones para el retorno seguro y digno de las familias a sus comunidades.
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