El Gobierno estatal coordina acciones con ACNUR, OIM y Unicef para facilitar el acceso a educación, empleo y asistencia a personas desplazadas.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría General de Gobierno, realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención a personas que han tenido que abandonar sus comunidades y coordinar estrategias de protección con organismos internacionales y organizaciones civiles.
La reunión se desarrolló en Palacio de Gobierno y fue encabezada por la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, en representación del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, con la participación de representantes de instituciones públicas y organismos especializados en derechos humanos.
Durante el encuentro, se planteó desarrollar mecanismos que faciliten el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento forzado, así como estrategias para promover la incorporación laboral de las personas afectadas, mediante la coordinación entre dependencias estatales y organizaciones internacionales.
José Antonio Mendoza, enlace en Chihuahua de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), presentó los avances de las acciones orientadas a generar soluciones para las personas desplazadas, particularmente en materia de acceso a servicios y recuperación de condiciones de estabilidad.
El desplazamiento forzado interno ocurre cuando personas o familias se ven obligadas a abandonar sus hogares por situaciones que amenazan su seguridad o integridad, sin cruzar las fronteras internacionales del país, lo que puede generar necesidades urgentes de alojamiento, alimentación, atención médica, educación y protección.
Uno de los temas centrales fue la presentación de un estudio sobre la capacidad institucional para responder al desplazamiento interno en México, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y expuesto por sus representantes Pablo Cabada y Daniel Márquez.
El documento contempla hallazgos correspondientes a Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Baja California y Ciudad de México, con un análisis de los mecanismos institucionales disponibles para atender a las personas afectadas por este fenómeno.
En el caso de Chihuahua, el estudio identifica avances en la coordinación entre dependencias estatales y en el desarrollo de instrumentos para organizar la respuesta gubernamental frente a situaciones de desplazamiento.
Entre los mecanismos destacados se encuentran la creación de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, la tipificación de esta conducta como delito en el Código Penal del Estado y la implementación de un Protocolo de Atención Emergente, herramientas destinadas a establecer procedimientos de intervención y protección.
El análisis también aborda las acciones de ayuda humanitaria, la capacitación de servidores públicos y el establecimiento de mecanismos de atención diferenciada para personas con necesidades específicas, particularmente grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Durante la sesión, las instituciones integrantes de la Comisión presentaron informes sobre apoyos entregados, recursos destinados y capacitaciones realizadas, además de explicar los mecanismos de coordinación establecidos con autoridades municipales para facilitar el acceso a servicios gubernamentales.
Otro de los asuntos revisados fue el avance de las jornadas de capacitación desarrolladas en coordinación con ACNUR en Aldama, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Parral y Chihuahua, dirigidas a mejorar la preparación del personal responsable de atender a personas en situación de desplazamiento.
Estas actividades buscan fortalecer la capacidad de respuesta institucional mediante herramientas para identificar necesidades, proporcionar orientación y canalizar a las personas afectadas hacia los servicios correspondientes.
Asimismo, se informó sobre la colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), particularmente en la capacitación de personal para atender a niñas, niños y adolescentes desplazados, mediante procedimientos con enfoque de derechos humanos y estándares internacionales de protección.
La atención de menores de edad constituye uno de los componentes de las estrategias presentadas, debido a que el desplazamiento puede afectar la continuidad educativa, el acceso a servicios esenciales y las condiciones de protección de quienes deben abandonar sus lugares de residencia.
En la reunión también participaron representantes de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Ir Nao Taka Ru-Las Cuatro Raíces y el Programa Interinstitucional de Atención Indígena y Periodistas, quienes expusieron propuestas y observaciones relacionadas con las necesidades de las comunidades afectadas.
La participación de estas organizaciones permitió incorporar planteamientos de la sociedad civil sobre las condiciones de atención y las áreas que requieren fortalecimiento dentro de los mecanismos estatales de respuesta.
La Comisión continuará trabajando en la construcción de rutas de acceso a educación, empleo y asistencia institucional para personas desplazadas, con la participación de dependencias gubernamentales, organismos internacionales y asociaciones civiles.
Durante la sesión no se dieron a conocer cifras actualizadas sobre el número total de personas desplazadas en Chihuahua, la cantidad de familias atendidas ni los recursos globales destinados a las acciones presentadas.
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