El diputado de Movimiento Ciudadano propone modificar la Ley General de Educación para que las entidades definan contenidos y produzcan materiales propios.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado federal por Chihuahua y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para facultar a las entidades federativas a elaborar sus propios libros de texto, con el argumento de que el modelo actual concentra en la Federación la definición de contenidos escolares.
Durante la exposición de la propuesta, el legislador sostuvo que la reciente política de materiales educativos impulsada desde el Gobierno federal respondió a una visión ideológica centralizada. En ese contexto, lanzó críticas directas a la conducción del proyecto educativo nacional en los últimos años.
“Los chihuahuenses sabemos mejor que nadie qué es lo que se necesita para educar a sus generaciones, con qué valores y qué complejidad de contenido, rechazando un modelo trasnochado y ‘castro-chavista’ como el actual”, señaló.
Sánchez Villegas afirmó que los nuevos libros de texto gratuitos representaron un sesgo ideológico y cuestionó el papel de quienes encabezaron su elaboración. En su posicionamiento, aseguró que el modelo vigente limita la participación de los estados en la definición de contenidos educativos.
“Con respecto a la educación de nuestras generaciones de alumnos, los chihuahuenses debemos de tener la primera y última palabra y empezaremos con producir nuestros propios libros de texto”, expresó.
La propuesta plantea modificar el marco normativo para que las entidades puedan diseñar y producir materiales acordes a sus contextos sociales, culturales y económicos. De prosperar la reforma, los gobiernos estatales tendrían mayores atribuciones en la construcción de planes y contenidos educativos, actualmente regulados principalmente por la Secretaría de Educación Pública.
El debate sobre los libros de texto gratuitos ha sido uno de los ejes de confrontación política en los últimos ciclos escolares, particularmente tras la implementación de nuevos contenidos en el nivel básico. Diversos actores han señalado preocupaciones por el enfoque pedagógico y la distribución de competencias entre Federación y estados, mientras que el Gobierno federal ha defendido la legalidad y pertinencia del modelo.
La iniciativa deberá ser turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación en la Cámara de Diputados.
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