El diputado de Movimiento Ciudadano acudió ante la Comisión de Derechos Humanos junto a ciudadanos para solicitar la suspensión de estas medidas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, presentó junto a ciudadanos una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos para solicitar la suspensión de la CURP biométrica y del registro obligatorio de líneas celulares, medidas que calificó como una violación a derechos fundamentales.
El legislador explicó que la acción busca que el organismo emita medidas cautelares para detener la implementación de estos mecanismos en todo el país, al considerar que implican riesgos para la privacidad y la protección de datos personales de los ciudadanos.
“Lo que está en juego es la privacidad, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Porque el régimen pretende imponer esta tecnodictadura para tenerte geolocalizado, para saber con quién te reúnes, de qué hablas o qué haces con tu dinero”, señaló.
De acuerdo con Sánchez Villegas, la denuncia se sustenta en presuntas violaciones a derechos humanos como la privacidad, la protección de datos personales y la presunción de inocencia, al considerar que la recopilación obligatoria de información biométrica y el registro de líneas telefónicas implican mecanismos de vigilancia generalizada.
El coordinador de la Bancada Naranja afirmó que la intención de la acción presentada es que se ordene la suspensión inmediata de estas disposiciones mientras se analiza su impacto en los derechos de la población, y que se garantice el respeto a las libertades individuales.
Asimismo, sostuvo que estas medidas representan un intento de control digital sobre la ciudadanía, al advertir que el gobierno federal ha planteado consecuencias para quienes no proporcionen sus datos biométricos.
“El régimen no solo impulsa esta tecnodictadura, sino que lo hace desde la amenaza y el chantaje”, afirmó el legislador.
Francisco Sánchez indicó que continuará impulsando acciones legales y políticas para frenar la implementación de estas disposiciones, al considerar que vulneran derechos fundamentales y podrían derivar en mecanismos de vigilancia indebida sobre la población.
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