El coordinador estatal del PAN sostuvo que los compromisos internacionales de México no deben trasladarse al campo chihuahuense.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Marco Bonilla abrió uno de los temas más sensibles de su discurso político al plantear una revisión del Tratado de Aguas y asegurar que los compromisos internacionales de México no deben cumplirse a costa de los productores y comunidades de Chihuahua.
El posicionamiento ocurrió durante su toma de protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad del PAN, celebrada en Ciudad Juárez.
Bonilla vinculó el tema hídrico con las necesidades agrícolas de Delicias, Camargo, Jiménez y Cuauhtémoc, además del suministro doméstico en las ciudades y comunidades del estado.
“El agua de Chihuahua no se regala. El agua de Chihuahua se defiende con todo”.
El panista sostuvo que el acuerdo internacional debería revisarse para evitar que las obligaciones asumidas por México representen, según su planteamiento, una afectación para el campo chihuahuense.
El Tratado de Aguas ha sido históricamente uno de los asuntos con mayor carga política en la relación entre Chihuahua, el Gobierno Federal y productores agrícolas, debido a la administración de las presas y al cumplimiento de compromisos binacionales.
Bonilla no presentó durante el evento una propuesta técnica específica sobre qué disposiciones buscaría modificar, ni explicó cuál sería el mecanismo jurídico o diplomático para impulsar una eventual revisión.
Su planteamiento se concentró en establecer una posición política de defensa del agua disponible en Chihuahua, colocándola dentro de los temas que acompañarán su recorrido estatal.
En el mismo discurso relacionó el agua con la productividad agrícola, la continuidad de las actividades ganaderas y la viabilidad económica de comunidades cuya actividad depende directamente del recurso.
La declaración introduce desde ahora el manejo del agua y el cumplimiento de obligaciones internacionales como uno de los asuntos que podrían ocupar la discusión política estatal rumbo a 2027, aunque cualquier modificación de un tratado internacional corresponde a competencias y procedimientos distintos a los de un gobierno estatal.
Bonilla integró el tema a una agenda más amplia que incluye seguridad, carreteras, desarrollo económico, salud, educación y fortalecimiento de Ciudad Juárez dentro de la distribución de recursos públicos.
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