Indican que los recursos deben servir para cumplir en la entidad y municipios con lo que establece la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – El presupuesto para 2022 debe incrementarse para reforzar las facultades y acciones del gobierno estatal y los municipios de Juárez y Chihuahua, de acuerdo a la actual Ley de Protección y Apoyo a Migrantes, ante el fenómeno migratorio que se registra entre México y Estados Unidos desde varios países, indicaron legisladores de Morena.
La diputada, Leticia Ortega Máynez, mencionó que miles de personas enfrentan circunstancias difíciles durante su trayecto desde sus países de origen, donde son víctimas de delitos, abusos y violación a sus derechos humanos e incluso afectación a su integridad física, viviendo una constante situación de vulnerabilidad.
Aunque existen acciones para ayudarlos por parte del Gobierno Federal con la Nueva Política Migratoria, que impulsa la atención del tema en las dimensiones de origen, tránsito, destino y retorno, que integra a las personas migrantes al desarrollo social, cultural y económico, pero ante el flujo masivo es necesario reforzar las acciones de las autoridades locales, principalmente las fronterizas.
“Además de la labor que realice el Gobierno Federal para atender el flujo migratorio en nuestro país, también es deber de las autoridades estatales y municipales llevar acciones para brindar atención a los migrantes que se encuentren en el territorio, en el ámbito de sus propias competencias”, mencionó.
Desde 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, que tiene el objetivo de proteger y apoyar a los migrantes que se encuentren o transiten por el territorio estatal.
El documento contempla que los entes públicos deben incluir previsiones presupuestales para la implementación de programas de atención a migrantes.
Entre esas dependencias están el gobierno estatal y los municipales.
Sus obligaciones incluyen prestar servicios de asistencia social y promover el retorno voluntario de los migrantes con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas y la reintegración a sus comunidades de origen.
Además, promover y fomentar la operación de albergues o establecimientos públicos y privados de atención y apoyo a migrantes, proporcionar atención, asesoría y protección a migrantes víctimas de delitos, coadyuvar con el Gobierno Federal en la prevención y erradicación del tráfico de migrantes y celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos, mediante los cuales se establezcan los mecanismos de protección y apoyo a los migrantes.
“Desde el ámbito local también debemos abonar en acabar con problemas como la alimentación insuficiente de los migrantes, omisión de acceso a los baños y accesorios de higiene, falta de atención médica y la privación de sus pertenencias”, dijo Ortega Máynez.
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