El Notario Público número 4 de la ciudad de Chihuahua, Luis Raúl Flores Sáenz, queda así protegido contra las acciones del Gobierno estatal en su contra.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Martín Orquiz) – Veinte días después de que la Secretaría General de Gobierno y el Registro Público de la Propiedad y Notariado informaron al notario, Luis Raúl Flores Sáenz, que estaba suspendido a consecuencia de una denuncia hecha por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el caso de la nómina secreta del ex gobernador, César Duarte Jaques, el Juzgado Octavo de Distrito le concedió un amparo definitivo, con lo que la cesación quedó sin efecto.
La FGE acusó a Flores Sáenz, Notario Público número 4 de la ciudad de Chihuahua, de violar los Artículos 43 y 44 de la Ley del Notariado, que establecen que los notarios deben de abstenerse de llevar a cabo sus funciones si lo que les piden es ilegal.
Además, los obliga a que si tienen conocimiento o detectan documentos presuntamente falsos, apócrifos o alterados, deben de dar aviso al Ministerio Público y al Colegio Estatal.
Fue el propio gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien el pasado 10 de febrero dio a conocer de forma pública que Flores Sáenz formó y brindó servicios a empresas de la red para desviar recursos públicos que edificó Duarte Jáques.
Sin embargo, la juez Octavo de Distrito, Carmen Martínez Lira, determinó la suspensión definitiva hace unas horas dentro del expediente 514/2021.
Los antecedentes del caso establecen que Flores Sáenz negó que tuvo a su vista los recibos originales que firmó supuestamente la candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), identificada en la carpeta de investigación como María Eugenia C.G, así que argumentó que no podía asegurar que en su despacho se imprimieron las firmas y sellos de esos documentos.
Su testimonio fue presentado por la defensa de la acusada para tratar de comprobar que la imputada no tiene relación con el caso de la nómina secreta en el proceso por el cual se decretó ya la vinculación a proceso a la señalada.
Las empresas que fueron certificadas por el notario, cuyas razones sociales fueron proporcionadas de forma pública por el gobernador Corral Jurado, incluyen a Grupo Fritag S. A. de C. V., así como Manzil Construcciones S. A. de C. V.
Además de Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte S. A. de C. V. y Promotora de Servicios y Mercados S. A. de C. V., usadas para desviar recursos públicos en el sector Salud con la venta de medicamentos a sobreprecio.
Valles Baca Hermanos S. de P. R. de R. L. y Asesoría Integral Aporta SA de C. V., son otras dos empresas al parecer utilizadas en la red de corrupción.
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