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    diciembre 4, 2024 | 4:55

    Ordena Tribunal suspensión a funcionario por pagos indebidos en la UACH

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    El exjefe de Recursos Humanos de la UACH autorizó indemnizaciones sin justificación legal, según la ASE.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió suspender por 60 días al exjefe de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), identificado como G.A.B., por autorizar en 2021 el pago de dos indemnizaciones sin fundamento legal por un total de 259 mil 522 pesos. La denuncia fue presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) luego de una revisión a la Cuenta Pública 2021.

    De acuerdo con la sentencia emitida por el TEJA, se acreditó la responsabilidad administrativa de G.A.B. por desvío de recursos públicos al autorizar, bajo el concepto de “Terminación en el Puesto de Secretario de Departamento”, indemnizaciones a dos colaboradores cercanos del entonces rector Luis Alberto Fierro Ramírez. Los beneficiarios de estos pagos fueron el Secretario Particular del rector, quien recibió 138 mil 971 pesos, y el Coordinador de Asesores Técnicos, con una indemnización de 120 mil 550 pesos.

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    La resolución puntualiza que, en ambos casos, no existía ninguna obligación legal para que la UACH cubriera las mencionadas indemnizaciones. Como sanción por esta falta administrativa grave, el TEJA ordenó la suspensión temporal del exjefe de Recursos Humanos.

    En relación con este caso, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que la ASE procederá a iniciar acciones de responsabilidad en contra de los beneficiarios de las indemnizaciones. Además, se está evaluando si corresponde emprender un procedimiento similar en contra del exrector Luis Alberto Fierro Ramírez, para determinar si existió alguna instrucción directa de su parte en la autorización de los pagos.

    El caso fue resuelto por la Quinta Sala Unitaria del TEJA, presidida por la magistrada Priscila Soto Jiménez, quien envió la notificación correspondiente a la ASE, que actuó como parte acusadora tras detectar la irregularidad en el proceso de fiscalización. La resolución aún puede ser impugnada por G.A.B., de acuerdo con la ley.

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