Diputada Isela Martínez señala que MORENA utilizó la causa de la jirafa Benito con fines políticos. Profepa autoriza traslado a Puebla por presión ciudadana.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El pasado 16 de enero de 2024, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Isela Martínez Díaz, denunció que el partido MORENA utilizó la defensa de los animales con fines políticos en el caso de la jirafa Benito. Según la diputada, a pesar de la intensa campaña que la activista Andrea Chávez realizó en redes sociales, tanto ella como otros actores políticos guardaron silencio y no solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que autorizaran el traslado de la jirafa a Puebla.
La diputada Martínez Díaz expresó su preocupación por la utilización de este sensible tema con fines políticos, en lugar de enfocarse en la protección de los animales. Según ella, la gobernadora María Eugenia Campos Galván tomó cartas en el asunto y gestionó el traslado de Benito a la reserva natural Africam Safari, ubicada en el estado de Puebla, debido a la presión social.
Sin embargo, la autorización por parte de la Profepa se demoró debido a trámites administrativos, a pesar de las bajas temperaturas que ponían en riesgo la salud de la jirafa. Ante la lenta reacción del Gobierno Federal, miles de ciudadanos se manifestaron en redes sociales exigiendo una respuesta de la Procuraduría.
La diputada del PAN señaló que ni Andrea Chávez ni el resto de los actores políticos de MORENA respondieron a esta exigencia, a pesar de haber inundado las redes y los medios de comunicación con una fuerte campaña a favor de su partido. Una vez que la solución quedó en manos del Gobierno Federal, estos actores políticos brillaron por su ausencia y evitaron realizar pronunciamientos.
Finalmente, gracias a la presión de la ciudadanía y los colectivos protectores de animales, la Profepa autorizó el traslado de Benito a Puebla, donde podrá disfrutar de una mejor calidad de vida en una reserva natural adecuada para sus necesidades. Sin embargo, esta autorización se dio únicamente debido a la presión social y no a las acciones del Gobierno Federal, que se limitó a ofrecer meras palabras en lugar de acciones concretas.
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