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    octubre 13, 2024 | 14:16

    Se actuó conforme a derecho en desalojo de Gómez Morín: Gobierno Del Estado

    Publicado el

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    A la par, surgen voces inconformes por el acto que se realizó esta mañana y señalamientos de que la obra no tiene permisos municipales

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Martín Orquiz) – A la vez que el Gobierno del Estado aseguró que el desalojo y arresto de manifestantes que se oponen a la construcción de la ruta troncal II Gómez Morín estuvo apegado a derecho, por redes sociales comenzó a circular un documento donde la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio establece que no existen permisos otorgados para esa obra.

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    El secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta, y la representante del gobernador en Ciudad Juárez, Alejandra de la Vega, afirmaron en conferencia de prensa que están dispuestos a seguir el diálogo con los inconformes, pero no con tramos de la avenida tomados para obstruir los trabajos.

    Los representantes gubernamentales argumentaron que la intervención policiaca fue solicitada por las empresas constructoras, luego que hoy por la mañana intentaron comenzar sus labores, pero fueron impedidos para hacerlo por los protestantes.

    Ambos funcionarios fueron cuestionados acerca de un documento que circula por redes sociales, que fue expedido el pasado 5 de abril por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio a un grupo de ciudadanos que solicitaron copias de los permisos otorgados por esa dependencia para la realización de las obras de transporte público BRT (por sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit, camión de tránsito rápido), a lo que se les respondió que la autoridad no extendió licencia alguna.

    Se añade que el Gobierno del Estado presentó para revisión proyectos para las obras de transporte público BRT II, entre otros, pero aún no cuentan con permiso.

    El escrito está firmado por Lilia Ana Méndez Rentería, directora general de Desarrollo Urbano y es dirigido a los ciudadanos José Luis Martínez, Jesús Salado, Alberto Serna y Gabriel Cázares Elizalde.

    Tanto Mesta como De la Vega indicaron que el trámite de los permisos corresponde a las compañías constructoras, y que seguramente los exhibirán en su oportunidad.

    El secretario de Gobierno dio a conocer que desde hace un par de meses se está en pláticas con los manifestantes para que permitan continuación de la obra, cuando trabajadores de las compañías pretendieron iniciar esta mañana con la obra se les impidió y se procedió a solicitar el auxilio de la Policía Estatal para evitar accidentes y dar cumplimiento al contrato.

    La acción, dijo, encuadra dentro de una serie de disposiciones legales a las que no hubieran querido llegar porque están a favor del diálogo, pero se procedió a liberar los tramos bloqueados para no seguir afectando toda la construcción.

    El procedimiento se dio conforme a derecho y se hizo “lo que teníamos que hacer”, después de meses de querer hacer entender que dejaran el sitio para llevar a cabo la obra, porque el interés como Gobierno del Estado es continuar con las labores y cumplirle a los juarenses para terminar el BRT en beneficio de toda la comunidad.

    Reiteró que no hubo violación a derecho y que se procedió de forma legal, como gobierno tienen la obligación de hacer cumplir la ley y los oficiales estatales actuaron ante la petición de desalojar la obra, no fueron por alguien en particular.

    Por ahora, indicó Mesta, se analiza poner vigilancia policiaca para continuar con la obra y seguir el diálogo porque no se puede ser rehenes de los manifestantes en un acto que tiene un tinte político, pero que no se tiene interés de perjudicar o beneficiar a alguien.

    “Estamos abiertos a la mesa de diálogo, pero no con la obstrucción de las obras”, expuso.

    Alejandra de la Vega declaró que el Gobierno del Estado tiene un compromiso que cumplir con los juarenses, con la federación y otras instancias que participan en la construcción del BRT.

    Dijo que se celebraron diversas mesas de dialogo con varios grupos ciudadanos, incluso cuentan con un comunicado de 300 comerciantes de Gómez Morín en el que manifiestan su apoyo porque la bondad de este sistema integral de transporte.

    “No podemos detener las obras por un grupo de personas que se oponen y que tienen tintes políticos muy obvios, la Policía Estatal acude al llamado de las empresas constructoras porque intentaron hacer su trabajo varias veces y no los han dejado”, explicó.

    Las agresiones a los trabajadores de las compañías fueron constantes, hoy trataron de comenzar de nuevo a trabajar, los bloquean y por eso piden la intervención de la policía.

    El documento firmado por la Asociación Civil del Corredor Comercial de la Gómez Morín, expone que, en este momento y después de muchos años de espera, están por recibir una gran inversión que va a beneficiar a largo plazo en el desarrollo de la zona.

    “Son indiscutibles las molestias que estas obras nos generan, como ciudadanos y como empresarios, pero confiamos en que, después del difícil paso de la construcción, tendremos una mejor y ordenada avenida, pero además sabemos que no podemos dejar fuera del desarrollo económico y social a la gente trabajadora que utiliza el transporte público y que se merece un transporte de altura”, indica el escrito.

    Entre los detenidos por la mañana se encuentra la virtual candidata a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Adriana Fuentes Téllez, personas relacionadas con la empresaria juarense dijeron que presenta un esguince cervical y dolor en una de sus muñecas.

    Dijeron que es importante que la autoridad deslinde responsabilidades porque es importante tomarle una radiografía de cuello, pero les dicen que el protocolo es pasarla a la Fiscalía General del Estado (FGE) y ahí se pedirá que la vea un médico legista.

    Sin embargo, a través de su página de Facebook, Fuentes Téllez escribió: “Nunca más una mujer golpeada por policías. Es Intolerante que el estado utiliza la fuerza pública para callar para quienes no piensen como este gobierno incompetente”.

    Informó que la dejaron libre con el argumento de que “se equivocaron”, pero que permanecerá en las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), a donde la llevaron detenida junto con otras personas, hasta que todas sean liberadas.

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