La SSPM aclara que Galdino P. J. fue certificado por instancias estatales y federales, deslindando al municipio de cualquier omisión.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En respuesta a señalamientos públicos que exigen la renuncia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) emitió un comunicado para deslindarse de cualquier responsabilidad en la permanencia dentro de la corporación del agente Galdino P. J., detenido recientemente y presuntamente vinculado con actividades criminales.
Apodado “El Monster” en el ámbito delictivo, Galdino P. J. fue evaluado y aprobado conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según informó la SSPM. La corporación subrayó que los controles de confianza y certificaciones no son competencia municipal, sino del Estado y la Federación.
Desde 2021, año en que asumieron sus cargos las actuales autoridades municipales, todos los elementos han sido sometidos a evaluaciones en los centros de control estatal (C3), cuyas pruebas y resultados son de carácter confidencial, lo que hace improbable —sostiene la SSPM— que medios de comunicación accedan legalmente a dichos documentos, como sugiere una reciente publicación de un rotativo de la capital del estado.
“Contamos con toda la documentación oficial que acredita que el elemento fue aprobado por el C3 del Gobierno del Estado y cuenta con el Certificado Único Policial (CUP), expedido por el Gobierno Federal”, detalló la SSPM. Este certificado no puede emitirse si el agente reprueba los controles de confianza establecidos.
La corporación municipal también señaló que posee en expediente la cronología completa de los trámites, solicitudes, oficios de programación, evaluaciones y sus resultados, todos en formato original y debidamente firmados por los representantes oficiales de las instancias estatales competentes.
La SSPM lamentó “profundamente que existan elementos que traicionen a su patria y jueguen una doble vida”, pero reiteró que la infiltración del crimen organizado en instituciones policiales es una problemática sistémica nacional, y no una omisión atribuible directamente al municipio.
Finalmente, llamó a no politizar un tema que, insisten, compete a instancias superiores del orden estatal y federal, quienes son responsables de determinar la idoneidad de los elementos para portar armas, operar en cuerpos de seguridad y permanecer en funciones.
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