Habitantes acusan que retrasos administrativos ponen en riesgo su movilidad diaria hacia empleos, escuelas y servicios de salud.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La continuidad del servicio de transporte público en el Valle de Juárez enfrenta incertidumbre ante señalamientos de trabas administrativas que han derivado en sanciones y retiro de unidades, lo que ha generado inconformidad entre habitantes de la región.
Representantes comunitarios de localidades como El Porvenir, Praxedis G. Guerrero, San Agustín y zonas aledañas advirtieron que el servicio es indispensable para cubrir largos traslados hacia la zona urbana, donde se concentran oportunidades laborales, educativas y de atención médica.
“La exigencia es clara: garantizar la operación del servicio sin obstáculos burocráticos”
De acuerdo con los testimonios, el conflicto se intensificó tras el inicio de operaciones de una ruta que conecta El Porvenir con el centro de Ciudad Juárez. Una unidad fue retirada por personal de transporte estatal bajo el argumento de no contar con autorización para circular en el primer cuadro, lo que derivó en sanciones, retiro de placas y el envío del vehículo al corralón.
Habitantes señalaron que, según el concesionario, las unidades cuentan con concesión vigente hasta 2027, aunque el permiso específico de reactivación aún se encuentra en trámite, pese a haber sido solicitado previamente. Esta diferencia entre concesión y autorización operativa generó interpretaciones encontradas que, afirman, afectan directamente a los usuarios.
Entre los inconformes se encuentran líderes comunitarios y sociales como Alejandro “Mono” González, Javier Torres, así como docentes y representantes locales, quienes coincidieron en que la problemática ha escalado de un tema administrativo a un asunto de impacto social.
En este contexto, los habitantes del Valle acusaron que la actuación de la autoridad estatal ha sido percibida como un obstáculo para la reactivación del servicio, al priorizar procesos administrativos sobre la necesidad urgente de movilidad en la región.
Finalmente, subrayaron que el movimiento ciudadano no tiene vínculo con la empresa operadora, sino que responde a una demanda legítima de acceso al transporte en una zona históricamente rezagada en cobertura. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para resolver las diferencias y garantizar el servicio sin retrasos que afecten a miles de usuarios.
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