El coordinador de Morena en Chihuahua cuestionó el nombramiento de Gilberto Loya como encargado de despacho de la FGE.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, cuestionó el nombramiento de Gilberto Loya Chávez como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado.
El morenista señaló que la designación realizada por la gobernadora Maru Campos forma parte de una serie de movimientos políticos para dejar a una persona afín al frente de la procuración de justicia en la entidad.
Pérez Cuéllar afirmó que el objetivo sería mantener influencia sobre la Fiscalía durante los próximos ocho años, lo que, desde su perspectiva, comprometería a Chihuahua más allá del actual periodo de gobierno.
El coordinador de Morena sostuvo que la decisión debe analizarse en el contexto de los cambios recientes en el gabinete estatal de Seguridad y Justicia, así como de la discusión sobre el futuro institucional de la Fiscalía.
También señaló que el actual gobierno estatal ha estado marcado por opacidad y falta de rendición de cuentas, por lo que consideró necesario revisar el trasfondo político del nombramiento.
“El que nada debe nada teme, entonces no hay por qué tener tanta prisa por designar un fiscal que curiosamente no sólo sea afín a la gobernadora sino que hasta fungió como su empleado”, señaló.
Pérez Cuéllar consideró que la designación de Loya podría responder a una intención de asegurar protección política antes de la conclusión de la administración estatal.
El posicionamiento se suma a las críticas emitidas por actores de Morena tras el anuncio de cambios en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
El nombramiento de Loya como encargado de despacho ocurre mientras se mantiene pendiente el proceso formal para la designación definitiva de la persona titular de la Fiscalía, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación estatal.
Pérez Cuéllar reiteró que continuará señalando lo que considera intentos de condicionar la procuración de justicia en Chihuahua mediante decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo estatal.
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