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    junio 13, 2025 | 10:30

    Inhabilitan por un año a exalcalde de Rosales por conflicto de interés

    Publicado el

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    La ASE acreditó que contrató a la empresa de sus hermanos para el suministro de gasolina en 2021, reincidiendo en una falta cometida en 2019.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El exalcalde de Rosales, J.F.R.L., fue inhabilitado por un año tras comprobarse que, durante su gestión en 2021, adjudicó un contrato de suministro de gasolina a la empresa de sus hermanos, lo que constituyó un conflicto de interés. La sanción fue impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) acreditara la falta.

    De acuerdo con la ASE, el entonces presidente municipal promovió a la empresa Conjunto R-Licón S.A. de C.V., propiedad de sus hermanos J.R.L. y A.J.R.L., ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento, logrando su aprobación como proveedor. Posteriormente, celebró un contrato con dicha empresa para la compra de combustibles destinados a vehículos oficiales por un monto de 4 millones 561 mil 839.04 pesos, entre el 5 de enero y el 9 de septiembre de 2021.

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    La resolución del TEJA destacó que el exalcalde ya había sido inhabilitado anteriormente, aunque solo por tres meses, por una acción similar en 2019. Ante la reincidencia, el tribunal consideró que la falta ameritaba una sanción más severa, por lo que determinó la inhabilitación de J.F.R.L. por un año, impidiéndole ejercer cargos públicos durante ese periodo.

    El magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, titular de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, fue el encargado de emitir la sentencia. En su fallo, ordenó también al Órgano Interno de Control del Municipio de Rosales iniciar una investigación contra los servidores públicos que integraron el comité de adquisiciones, quienes aprobaron la contratación de la empresa pese a la evidente relación familiar del entonces alcalde con los propietarios.

    El caso subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de control en los municipios para evitar conflictos de interés y garantizar que los procesos de adquisición se realicen conforme a la legalidad. La ASE continuará con la vigilancia de estos procedimientos para evitar que prácticas irregulares se repitan en futuras administraciones.

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