“Chihuahua enfrenta graves problemas ambientales por tala y crimen organizado. Fiscalía asegura a 20 personas y 70 camiones en operativos contra tala clandestina en los últimos dos años. Nueva legislación propone multas y hasta 12 años de prisión por cometer ecocidio en áreas protegidas.”
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El estado de Chihuahua, conocido por su belleza natural y biodiversidad única, se enfrenta a un grave problema ambiental: la tala clandestina. Actualmente, nuestros bosques se ven amenazados por la tala, la sequía y el control del crimen organizado, que ha convertido la explotación de grandes extensiones de bosques en un negocio sangriento y redituable para ellos.
En nuestra legislación no está presente el término “ecocidio” como delito, pero eso no quiere decir que no enfrentemos dicho problema en todos nuestros ecosistemas. Existe una urgente necesidad de abordar estos problemas para preservar la riqueza natural de esta tierra y erradicar con más contundencia las afrentas contra el ambiente.
La tala clandestina en el estado de Chihuahua ha terminado con una superficie boscosa de al menos 17 mil hectáreas de recurso natural, de acuerdo a las acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado. En dos años se presentaron 63 carpetas de investigación, lo que ha resultado en la detención de más de veinte personas y el aseguramiento de por lo menos 70 camiones involucrados en esta actividad ilegal.
Además, se han realizado cateos en aserraderos, donde por lo menos 12 establecimientos fueron asegurados por no contar con los permisos correspondientes para manipular o recibir la madera. Chihuahua, junto con Chiapas y Oaxaca, son los estados con mayor afectación por tala clandestina a nivel nacional, siendo los puntos de partida para la comercialización de la madera.
La inacción que va de la legislación a la práctica, la violencia sistematizada contra los habitantes de los bosques, principalmente hacia los pueblos indígenas, y la falta de respuesta ante las denuncias, son parte de la gran problemática que enfrentan los bosques de Chihuahua.
Ante esta situación, se ha presentado una nueva legislación que establece el “ecocidio” como delito y prevé penas más severas para aquellos que lo cometan. Quien cause un daño grave al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales, podría enfrentar una pena de 5 a 12 años de prisión y una multa de cinco mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además, las penas aumentarán en un tercio cuando el ecocidio sea cometido en Áreas de Valor Ambiental y Áreas Naturales Protegidas. También se establece la obligación de compensar y reparar integralmente el daño causado.
Es necesario tomar medidas urgentes para preservar la riqueza natural de Chihuahua, no solo por la biodiversidad, sino también por el bienestar de las comunidades locales y el compromiso con un futuro sostenible. La implementación de políticas ambientales efectivas y la promoción de prácticas sostenibles son imperativas para revertir la tendencia del ecocidio y garantizar la protección a largo plazo del entorno natural de Chihuahua.
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