La iniciativa propone prisión y multas para servidores públicos que difundan información sensible de investigaciones.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Leticia Ortega Máynez, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa para crear la denominada “Ley Ingrid”, que tiene como objetivo sancionar penalmente a las personas servidoras públicas que filtren o difundan imágenes, audios, videos o documentos provenientes de carpetas de investigación, especialmente aquellos relacionados con víctimas de delitos violentos.
La propuesta busca frenar una práctica que ha generado preocupación tanto a nivel social como institucional, al provocar la revictimización de personas afectadas por delitos, obstruir procesos judiciales y vulnerar derechos humanos. La iniciativa establece sanciones de dos a ocho años de prisión, así como multas de entre cien y cuatrocientos días, y contempla agravantes cuando la información corresponda a mujeres, niñas, niños, adolescentes o casos de violencia de género, feminicidio, desaparición forzada o trata de personas.
Durante su intervención, Ortega Máynez subrayó que estas filtraciones constituyen “un problema estructural” ampliamente documentado por organismos públicos, organizaciones civiles y autoridades federales. Señaló que su difusión por parte de funcionarios con acceso privilegiado a la información “no solo expone a las víctimas y a sus familias, sino que contamina la procuración de justicia y mina la confianza en las instituciones”.
La iniciativa, explicó la legisladora, busca armonizar el marco legal de Chihuahua con la reforma federal que dio origen a la “Ley Ingrid” en 2022, surgida tras la filtración de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, hecho que generó una condena generalizada por la exposición mediática de su cuerpo y el dolor de su familia.
Ortega recalcó que la propuesta no implica una restricción a la libertad de expresión ni al trabajo periodístico, sino que está enfocada exclusivamente en sancionar a quienes, desde el interior de las instituciones de seguridad y justicia, hacen mal uso de información reservada. “No se trata de censurar, sino de impedir que se negocie con el dolor ajeno o se afecte la integridad de los procesos judiciales”, afirmó.
La diputada destacó que esta iniciativa se inscribe en una agenda más amplia para proteger a mujeres, niñas y adolescentes de la violencia estructural que persiste en Chihuahua. Añadió que la revictimización mediática y judicial sigue siendo un obstáculo para acceder a la justicia de manera plena.
La propuesta recibió el respaldo de las fracciones parlamentarias del PAN y del PT, que se adhirieron formalmente a la iniciativa, reconociendo la necesidad de contar con una legislación que castigue la exposición indebida de datos sensibles de víctimas y garantice una justicia con perspectiva de derechos humanos. Ahora se espera que la iniciativa sea turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen.
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