El Poder Legislativo de Chihuahua rechaza reforma a la Ley de Amnistía que podría otorgar poderes de perdón directos al Presidente.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El pasado 22 de abril de 2024, el Poder Legislativo de Chihuahua emitió un importante exhorto al Congreso de la Unión. La solicitud fue realizada con el objetivo de analizar, evaluar y considerar rechazar la propuesta de reforma a la Ley de Amnistía que permitiría al Presidente de la República otorgarla de forma directa y en casos específicos.
Durante la discusión en tribuna, se destacó la importancia de recordar que la Ley de Amnistía tiene como propósito principal conceder “el perdón” a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, mujeres, jóvenes sin oportunidades, víctimas de discriminación o en pobreza. Sin embargo, se enfatizó la preocupación acerca de delegar únicamente en una persona la facultad de otorgar estos beneficios.
Uno de los puntos de conflicto respecto a la propuesta de reforma se centra en las posibles violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La división del Supremo Poder de la Federación en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establece en el artículo 49, parece verse comprometida con este proyecto que daría al Ejecutivo Federal la potestad de otorgar amnistías de manera discrecional.
Además, se cuestiona quién determinará qué casos son relevantes para el Estado Mexicano, dado que la propuesta contempla que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables útiles para conocer la verdad de hechos relevantes. La celeridad con la que se ha avanzado en la aprobación del dictamen, presentado en sesión ordinaria el 03 de abril y aprobado por la cámara de senadores el 17 del mismo mes, ha generado incertidumbre en torno a las intenciones detrás de esta reforma.
En conclusión, la discusión en torno a la reforma a la Ley de Amnistía ha generado un intenso debate en el ámbito legislativo. La preocupación por la concentración de poder en una sola persona para otorgar perdones en casos de delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio o secuestro, ha despertado interrogantes sobre la constitucionalidad y las implicaciones de esta medida en el sistema de justicia mexicano. La sociedad y los legisladores están atentos al desarrollo de esta propuesta y sus posibles repercusiones.
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