El líder priista calificó el homicidio como un acto de terror, pero negó que haya sido orquestado desde el gobierno.
Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, descartó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se trate de un crimen de Estado. En declaraciones recientes, calificó el homicidio como un magnicidio con fines de intimidación, diseñado para sembrar miedo entre la población, pero sin señalar al Estado como responsable.
“Yo le recomendé a Carlos Manzo que tuviera mucho cuidado, que exigiera la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, pero el apoyo nunca llegó”, lamentó Moreira. El legislador recordó que el ahora fallecido había solicitado respaldo en materia de seguridad, sin que se concretaran las medidas necesarias para su protección.
Moreira, también exgobernador de Coahuila, subrayó que el asesinato de Manzo constituye un hecho grave que refleja el nivel de riesgo que enfrentan figuras públicas en regiones afectadas por la violencia. Sin embargo, fue enfático al señalar que, en su opinión, no existen elementos suficientes para considerarlo un crimen de Estado. “Mataron a una figura muy importante de este país para generar miedo, pero no veo que se trate de un crimen de Estado”, reiteró.
El diputado federal envió un mensaje de solidaridad a Grecia Itzel Quiroz García, esposa de Carlos Manzo, quien asumió la presidencia municipal como sustituta en medio de un clima de alta tensión. “Es una buena mujer, le deseamos éxito y lo que se le ofrezca estamos para apoyarla”, expresó.
La situación en Uruapan se ha mantenido bajo atención nacional debido al aumento de violencia y los ataques contra autoridades locales. El homicidio de Manzo ha encendido alertas en el ámbito político por tratarse de un caso más en la creciente lista de agresiones y asesinatos de funcionarios en funciones o electos en distintas regiones del país.
La postura de Moreira llega en un contexto en el que algunos sectores y voces desde la oposición han insinuado responsabilidades del Estado por omisión o negligencia, mientras que otros demandan investigaciones profundas que no descarten ningún móvil, incluyendo los de carácter político.
Hasta el momento, no se ha detenido a personas relacionadas con el asesinato, y el caso continúa bajo investigación. Organismos nacionales e internacionales han reiterado el llamado a garantizar condiciones de seguridad para los servidores públicos, particularmente en contextos de alta incidencia delictiva.
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