Diputado de Morena pide transparentar criterios, número de escoltas y presupuesto anual destinado a protección de la alta burocracia.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, planteó en sesión ordinaria una serie de cuestionamientos dirigidos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, respecto al costo, mantenimiento y criterios de asignación de escoltas y vehículos de seguridad para servidores públicos.
El legislador sostuvo que, si bien la protección de ciertos cargos puede ser necesaria por los riesgos inherentes a sus funciones, advirtió preocupación por una concentración de recursos de seguridad enfocada en la alta burocracia, mientras municipios demandan mayor presencia policial, mejores tiempos de respuesta y equipamiento básico para agentes preventivos.
“La seguridad no debe ser un privilegio de clase, sino un derecho ciudadano. No podemos permitir que, mientras el ciudadano común se siente vulnerable en las calles, los funcionarios públicos se trasladen en burbujas de acero pagadas con los impuestos de quienes hoy carecen de paz”.
Torres Estrada afirmó que los esquemas de protección deben responder a criterios objetivos, transparentes y estrictamente justificados, al implicar el uso de recursos humanos, materiales y financieros provenientes del erario.
Como parte de su posicionamiento, solicitó que se informe cuántos funcionarios cuentan con escoltas, qué nivel jerárquico ocupan, cuál es el marco institucional o normativo para asignarlos y si existe un protocolo formal de evaluación de riesgo previo a autorizar medidas de protección.
Asimismo, pidió precisar qué autoridad autoriza y supervisa la asignación, cuántos elementos están comisionados a labores de escolta, el promedio de escoltas por funcionario y el máximo de personal asignado a un solo servidor público.
En el rubro de recursos materiales, demandó datos sobre vehículos oficiales destinados a protección, cuántos cuentan con blindaje, cuántos han sido adquiridos o arrendados durante la administración actual y el costo por unidad, además del gasto anual en sueldos, prestaciones, viáticos, mantenimiento, combustible y operación.
El diputado también incluyó preguntas sobre la justificación legal para otorgar escoltas y vehículos a familiares de funcionarios, el presupuesto total anual destinado a estos esquemas y qué porcentaje del estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública representa el grupo asignado a custodias, además de si se contempla un plan de reducción en congruencia con una política de austeridad.
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