El coordinador de Morena señaló que 167 viviendas fueron vendidas por el Estado y ahora se ofertan hasta cuatro veces más caras.
Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó la venta de 167 viviendas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado en Cuauhtémoc, al señalar que el patrimonio público pudo destinarse a atender una necesidad social de vivienda.
Durante un recorrido por el fraccionamiento, el legislador afirmó que las viviendas fueron vendidas por alrededor de 45 millones de pesos, con un promedio aproximado de 260 mil pesos por inmueble.
Estrada sostuvo que, apenas dos meses después de la operación, las casas estarían siendo ofertadas en el mercado entre 800 mil y un millón de pesos, lo que representaría un incremento de hasta cuatro veces sobre el precio de adquisición.
Hace dos meses las compraron y ahorita las están vendiendo al cuádruple.
El diputado señaló que el caso debe revisarse no solo por la diferencia entre el precio de venta y el valor actual de comercialización, sino por el destino de vivienda pública que, dijo, podía atender a familias de la región y a personas desplazadas de comunidades serranas.
Estrada cuestionó que un patrimonio con potencial social haya terminado en manos de un particular, en lugar de utilizarse para ampliar el acceso a vivienda accesible en un municipio con demanda habitacional.
El coordinador de Morena informó que el pasado 12 de agosto envió un oficio al secretario de Hacienda estatal, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, con 13 preguntas sobre la operación.
De acuerdo con el legislador, el documento solicita información sobre quién autorizó la venta, bajo qué procedimiento se realizó y cuál fue el fundamento legal aplicado. Señaló que hasta el momento no ha recibido respuesta.
El diputado también advirtió que debe aclararse si la operación requería autorización del Congreso del Estado, debido a que, aunque Pensiones Civiles es un organismo descentralizado con patrimonio propio, la legislación establece reglas para la enajenación de bienes públicos.
Insistimos: la subasta que se realizó por parte de Pensiones y Coesvi es ilegal porque ese terreno debió ser autorizado por el Congreso del Estado.
Estrada sostuvo que el caso no debe reducirse a una transacción inmobiliaria, sino que debe revisarse qué hizo el Gobierno estatal con bienes que podían destinarse a vivienda social y que, según afirmó, terminaron generando un margen de ganancia para particulares.
La bancada de Morena continuará revisando el caso y analizará otros desarrollos inmobiliarios propiedad de Pensiones Civiles en Parral y Delicias, con el fin de conocer bajo qué condiciones se han dispuesto esos bienes y si las operaciones se ajustaron a la legislación.
Finalmente, el legislador señaló que el Gobierno del Estado debe explicar el destino de la vivienda social y las razones por las que decidió desprenderse de ese patrimonio público.
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