El alcalde de Chihuahua acusó un presunto uso político de la justicia federal y pidió garantizar el debido proceso en el caso del exfiscal estatal.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, cuestionó la acusación de traición a la patria presentada contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, al considerar que existen elementos para señalar un posible uso político de la justicia federal, por lo que exigió respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.
El posicionamiento ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta el exfuncionario, detenido el 17 de octubre por investigaciones relacionadas con la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico realizado en Chihuahua durante abril de 2026.
Jáuregui enfrenta procedimientos tanto del fuero estatal como del federal. La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión por presunta traición a la patria, mientras que las autoridades estatales iniciaron un proceso relacionado con posibles irregularidades en el ejercicio de funciones públicas.
Bonilla consideró desproporcionada la acusación federal y sostuvo que corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales determinar la existencia de responsabilidades penales, mediante procedimientos apegados a la legislación vigente.
El presidente municipal aclaró que su posicionamiento implica exigir garantías procesales y no impedir que se investigue o sancione a cualquier servidor público que pudiera haber cometido un delito. En ese sentido, planteó que la aplicación de la ley debe realizarse bajo los mismos criterios, independientemente de la trayectoria política o el cargo de las personas involucradas.
El alcalde también dirigió críticas a Morena, partido al que acusó de utilizar asuntos judiciales para desviar la atención de problemas nacionales relacionados con la violencia, las desapariciones, el desplazamiento de personas, la corrupción y las deficiencias en los servicios públicos de salud.
“¿Quieren hablar de traición a la patria? Traición a la patria es no combatir al narco ni desarticularlos”, expresó Bonilla.
Durante su posicionamiento, el edil también hizo señalamientos sobre presuntos vínculos entre integrantes del oficialismo y organizaciones criminales, además de cuestionar la respuesta de las autoridades federales frente a casos de corrupción y huachicol fiscal.
En sus declaraciones mencionó situaciones relacionadas con Baja California y Sinaloa, aunque los señalamientos políticos expuestos no constituyen por sí mismos determinaciones judiciales sobre la responsabilidad de personas o funcionarios.
Bonilla sostuvo que las investigaciones penales deben desarrollarse sin distinciones partidistas y cuestionó lo que considera un trato diferenciado hacia servidores públicos dependiendo de su pertenencia política.
“Mientras en Chihuahua se actúa, allá a los suyos los protegen”, afirmó.
El caso de César Jáuregui ha generado controversia política por las investigaciones relacionadas con la participación de personal extranjero en operaciones de seguridad dentro del territorio nacional, así como por las responsabilidades que pudieran derivarse de la autorización y supervisión de dichas actividades.
La investigación federal se encuentra relacionada con la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara, hechos que dieron origen a cuestionamientos sobre los procedimientos de cooperación internacional en materia de seguridad.
En este contexto, el alcalde reiteró que el respeto al Estado de derecho debe incluir tanto la investigación de posibles delitos como la protección de los derechos de las personas señaladas, sin que las diferencias políticas determinen anticipadamente el resultado de los procedimientos.
Finalmente, Bonilla hizo un llamado a la ciudadanía y a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) a mantener la unidad frente a los acontecimientos políticos y judiciales, al señalar que las prioridades para Chihuahua deben centrarse en la seguridad de las familias, el fortalecimiento institucional y el desarrollo del estado.
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