Un joven de 17 años, prófugo de la justicia luego de apuñalar a su exnovia 47 veces, es la prueba del daño que causan las lagunas legales y la falta de capacitación de los agentes de la justicia en materia de equidad de género. Una problemática que ha marcado al estado de Chihuahua desde el siglo XX, cuyos tintes parecen ser más políticos que sociales.
Chihuahua, Chih. (ADN/Adriana Saucedo) – Cuando Mya, originaria de Camargo, Chihuahua, decidió terminar la relación sentimental que sostenía con Erick D.B. de 17 años de edad, fue agredida con un objeto punzocortante en 47 ocasiones y abandonada en un terreno baldío a desangrarse. El Ministerio Público catalogó los hechos como violencia intrafamiliar y el juez de distrito puso en libertad al responsable.
Mya logró sobrevivir al ataque y emprendió junto a su familia una lucha por la justicia. De acuerdo con varios colectivos feministas y diputadas de Chihuahua, la agresión debía ser considerada como un intento de feminicidio (por las características del hecho), lo cual no ocurrió debido a la falta de formación en perspectiva de género de los elementos del Ministerio Público.
Sin embargo, aun si los elementos de la Fiscalía General del Estado hubieran actuado con perspectiva, en la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores no se contempla el intento de feminicidio como causa para la privación de la libertad.
Estas lagunas en la legislación mexicana habían pasado desapercibidas para todos los senadores y diputados, tanto locales como nacionales, de las últimas generaciones. Fue hasta después del trágico hecho cuando, a marchas forzadas, se pusieron a trabajar en reformar las leyes que sancionan la violencia en el noviazgo, para que el ser menores de edad no los excluya de enfrentar las consecuencias de sus actos.
Lamentablemente, las lagunas legales permanecen en la oscuridad hasta que los afectados toman la fuerza para denunciar la falta de atención por parte de los políticos. Algo increíble tomando en cuenta la cantidad absurda de senadores y diputados que dicen representar al pueblo.
Mya se sumó a las listas de las mujeres que han sufrido violencia de género en Chihuahua, cuyos nombres permanecen en carpetas de “investigación” acumuladas en algún rincón de una oficina, fuera de la vista de las autoridades, que se supone deben velar por la seguridad de las ciudadanas.
La falta de justicia para las mujeres víctimas de violencia no es un tema nuevo en Chihuahua; desde la década de los noventa, el territorio ha estado en la mira del mundo entero por el impactante número de feminicidios y la brutalidad de las agresiones hacia las mujeres.
Por ello, sigue sorprendiendo que las autoridades, desde el rango más bajo hasta el más alto, sigan careciendo de una verdadera y efectiva forma de actuar ante los casos de violencia machista.
Aunque se han hecho diversos “esfuerzos” por parte de los diferentes gobiernos que pasaron en los últimos años, la problemática no ha concluido y pareciera que la verdadera toma de acciones se da en el encubrimiento de los casos y la verdad a medias apenas se escucha entre los pasillos de los juzgados y las fiscalías.
Sexenio tras sexenio vemos que las caras que alberga el Palacio de Gobierno cambian, pero las esencias distan mucho de ser diferentes a las anteriores. Cada una emprendió acciones que se quedaron cortas en la transformación del tejido social.
¿Qué está pasando realmente con la gobernanza en Chihuahua que aunque se den cambios de gobierno, la violencia hacia la mujer no cesa? ¿El problema es la elite política?
Si algo ha quedado claro en lo que va de este siglo XXI, es que no importan los colores ni los apellidos de quien se apodere de la silla, al final, forman parte de la misma tajada de políticos que fueron cortados por la misma tijera llamada machismo.
Este terrible caso de violencia hacia la mujer se suma a la cuantiosa evidencia del largo camino que queda por recorrer para eliminar la indolencia de la élite política hacia el sufrimiento de las chihuahuenses.
Porque, al día de hoy, esa indolencia solo ha dejado que el estado de Chihuahua ocupe el sexto lugar en feminicidios a nivel nacional; que en el 2022 se registraran mil 954 casos de abuso sexual, un aumento de 263 casos en comparación con el 2021; mil 205 casos de violación sexual, lo que representa 158 casos más que en el año inmediato anterior, de acuerdo con los datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
¿Cómo logramos la reducción de las agresiones a las mujeres? Se necesita que la política mexicana en su totalidad, sin distinción de color, elimine la normalización de la violencia machista desde sus propios principios básicos. Solo así podrán tener los ojos que se necesitan para identificar las lagunas legales y las faltas en la legislación que dan paso a las agresiones.
Adriana Saucedo Esparza
Periodista y Creadora de Contenidos
Chihuahuense egresada de la Licenciatura de Periodismo por la UACH, tercer lugar en el Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos 2019. Colaboradora en medios impresos y digitales.
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