Diputado propone hasta 20 años de prisión para quienes cometan estos delitos con violencia o contra personas vulnerables.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de responder al incremento de casos de privación ilegal de la libertad en Chihuahua y Ciudad Juárez, el diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para endurecer las penas contra quienes cometan este tipo de delitos, especialmente cuando se ejercen con violencia o contra personas en situación de vulnerabilidad.
Durante su intervención ante el Pleno del Congreso del Estado, Torres Estrada explicó que en múltiples casos los imputados no son procesados por secuestro, sino por privación ilegal de la libertad, ya que no se cumplen todos los elementos del tipo penal del primero. Esto, apuntó, ha derivado en sentencias más leves y en una percepción de impunidad.
El legislador propuso que la pena de prisión se incremente en una mitad cuando el delito se cometa con violencia, si la víctima es menor de edad o mayor de 60 años, si la privación de libertad excede las 24 horas, o si la víctima pertenece a sectores sensibles como servidores públicos, periodistas, defensores de derechos humanos o integrantes de organizaciones civiles.
Asimismo, planteó que cuando el delito sea cometido por dos o más personas y se utilicen armas de fuego, armas blancas o instrumentos que puedan causar daño o intimidación grave, las penas aumenten hasta alcanzar de diez a veinte años de prisión, además de una multa que va de cien a quinientas unidades de medida y actualización.
“Estos delitos vulneran de forma directa uno de los derechos humanos más esenciales: la libertad personal. La legislación debe estar a la altura del reto que enfrenta nuestra sociedad”, señaló el legislador morenista.
El diputado también advirtió sobre el creciente uso de la privación ilegal de la libertad como modalidad de represalia, intimidación o violencia de género, lo que refuerza la necesidad de contar con sanciones más estrictas y adecuadas al contexto actual de inseguridad.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis, donde se discutirá su viabilidad y los posibles ajustes al marco legal vigente. Con esta iniciativa, Pedro Torres busca brindar mayor protección jurídica a las potenciales víctimas y fortalecer la capacidad del Estado para sancionar efectivamente a los responsables de este delito.
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