Luis Villegas Montes afirmó que preparan acciones por presunta tortura, violencia y acoso, además de solicitar que autoridades federales investiguen el caso.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La defensa de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano anunció que prepara diversas denuncias penales y analiza solicitar a la Fiscalía General de la República que intervenga en el caso, después de que la excolaboradora de la Feria de Santa Rita denunciara públicamente presunta persecución, amenazas y violencia.
Luis Villegas Montes, abogado que recientemente se incorporó a la representación de Domínguez en la vertiente administrativa del caso, explicó que la queja presentada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos constituye solamente una primera etapa y que posteriormente promoverán acciones por hechos que la defensa califica como posibles actos de tortura, violencia, acoso laboral y acoso sexual.
El abogado sostuvo además que Domínguez enfrenta actualmente procedimientos penales y afirmó que su representación tuvo conocimiento de al menos dos órdenes de aprehensión, situación que, según su versión, habría ocurrido mientras existían conversaciones para buscar una salida al conflicto.
“Esto es empezar nada más. Vienen varias denuncias, vienen denuncias penales en contra de quien resulte responsable por varias razones: tortura, violencia, acoso laboral, acoso sexual”.
Villegas señaló como uno de los principales personajes del caso a Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora Maru Campos, y sostuvo que Domínguez comenzó a trabajar para una empresa relacionada con él desde 2022. Según la defensa, existe documentación contractual, comprobantes de pagos y registros bancarios que permitirían acreditar una relación profesional entre ambas partes.
El litigante afirmó que uno de los objetivos será documentar quién tomaba las decisiones administrativas y financieras vinculadas con las actividades que Domínguez desarrollaba alrededor de la Feria de Santa Rita. La defensa sostiene que su clienta actuaba bajo instrucciones superiores y rechaza que haya tenido autonomía plena sobre las operaciones que ahora forman parte de los señalamientos.
Villegas también mencionó a Alberto de la Peña Grajeda, hermano del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y planteó posibles conflictos relacionados con actividades comerciales vinculadas con la feria. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y hasta el momento no existe en la información proporcionada una resolución de autoridad que determine responsabilidades por esos señalamientos.
Otro punto que la defensa pretende incorporar a las acciones legales es el operativo realizado el 30 de junio en el domicilio donde residía Domínguez. Villegas afirmó que alrededor de 20 elementos encapuchados y armados participaron en la intervención, durante la cual habrían sido asegurados vehículos, teléfonos, una computadora y dinero.
La defensa también sostiene que Domínguez habría sido sometida a violencia económica, al señalar que la vivienda que ocupaba fue adquirida originalmente por Manuel Campos Galván bajo un esquema en el que ella posteriormente realizaría pagos, pero que actualmente el inmueble estaría hipotecado y ofrecido en venta. El abogado aseguró que cuentan con documentos que pretenden incorporar al expediente para respaldar esa versión.
Villegas cuestionó además el origen de los escoltas que, según dijo, fueron asignados en algún momento a Domínguez, y planteó que deberá investigarse si personal relacionado con el Gobierno del Estado fue utilizado para vigilar sus movimientos.
“Estoy pensando en presentar una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía General de la República, pedir que atraiga el caso, que lo conozca para que haya confianza respecto de las indagatorias”.
El abogado anticipó que, además de acudir a instancias penales, buscarán la intervención de organismos de control y fiscalización, al considerar que podrían existir aspectos que ameriten revisión administrativa. También aseguró que recurrirán a juicios de amparo en caso de considerar insuficientes las determinaciones de las autoridades locales.
Villegas afirmó que previamente existieron aproximadamente tres meses de conversaciones con representantes vinculados al Gobierno del Estado para intentar resolver la controversia, pero sostuvo que esas negociaciones terminaron sin acuerdo. Según su versión, fue después cuando Domínguez decidió hacer pública su situación.
El abogado volvió a responsabilizar públicamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al secretario general de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda, a Manuel Campos Galván y a Alberto de la Peña Grajeda por cualquier afectación que pudiera sufrir él o su representada, señalamiento que forma parte de su estrategia pública y jurídica.
Las acusaciones formuladas por la defensa permanecen como señalamientos de parte y deberán ser acreditadas dentro de las investigaciones y procedimientos correspondientes. En la entrevista proporcionada no se incluye la postura de las personas señaladas respecto de los nuevos planteamientos expuestos por Villegas.
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