El organismo autorizó continuar gestiones para la venta de inmuebles y acordó evaluar el impacto de los recientes cambios constitucionales.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado (PCE) aprobó una serie de acciones relacionadas con la regularización de viviendas y el análisis de los alcances de la reforma constitucional en materia de pensiones y jubilaciones, durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026.
La reunión fue encabezada por el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, quien destacó que las decisiones adoptadas buscan fortalecer la institución y contribuir a la protección de los derechos de las personas trabajadoras afiliadas al sistema.
Durante la sesión se presentó un informe sobre el proceso de regularización de viviendas correspondientes a la primera etapa del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, así como nuevos avalúos y condiciones para avanzar en la posible enajenación de dichos inmuebles.
La Junta Directiva autorizó al director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, a continuar las gestiones necesarias en coordinación con la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) para concretar la venta y regularización de las viviendas, conforme a los valores establecidos por las instancias competentes.
Asimismo, los integrantes del órgano de gobierno analizaron los alcances de la reforma constitucional publicada el pasado 10 de abril, la cual establece nuevos parámetros para los sistemas de pensiones y jubilaciones en organismos públicos.
Como resultado de esta revisión, se acordó realizar un estudio técnico especializado para determinar las implicaciones que la reforma podría tener en la operación financiera y normativa de Pensiones Civiles del Estado.
Además, se aprobó la integración de una mesa de trabajo que permitirá evaluar posibles adecuaciones legales y reglamentarias en el ámbito estatal, con el propósito de armonizar la legislación local con los nuevos lineamientos constitucionales.
Las autoridades señalaron que estos trabajos buscan garantizar la viabilidad institucional del sistema de pensiones, así como preservar los derechos y prestaciones de las personas afiliadas a Pensiones Civiles del Estado.
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