Señala que el cobro del impuesto se emplea como mecanismo de presión tras denuncias por nepotismo y corrupción.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras afirmó que el gobierno municipal de Ciudad Juárez está utilizando el cobro del impuesto predial como un instrumento de presión y venganza política, particularmente después de las denuncias por presunto nepotismo y corrupción presentadas contra la administración encabezada por el alcalde Cruz Pérez.
La legisladora sostuvo que su labor legislativa y territorial se mantiene enfocada en defender a las familias juarenses, a quienes, dijo, se les está afectando mediante anuncios públicos de adeudos, embargos y posibles remates que no obedecen a criterios estrictamente administrativos, sino a motivaciones políticas.
Contreras advirtió que politizar la hacienda pública debilita el Estado de Derecho, al convertir un procedimiento fiscal en un mecanismo de castigo selectivo contra actores políticos y ciudadanos que han cuestionado decisiones del gobierno municipal.
“Hoy queda claro que el intento de embargar un edificio del PAN no es un tema administrativo, es una venganza política”, expresó la diputada al referirse a los señalamientos públicos realizados desde el Ayuntamiento.
La diputada fue enfática al señalar que el presidente municipal no cuenta con facultades legales para decidir discrecionalmente a quién se le cobra el predial, ni para otorgar beneficios fuera de lo que marca la ley, subrayando que el impuesto debe aplicarse bajo criterios de igualdad y legalidad.
Asimismo, cuestionó la falta de claridad sobre a quiénes se les exige el pago y a quiénes no, planteando dudas sobre posibles tratos preferenciales, lo que —advirtió— genera sospechas legítimas de trato desigual en la aplicación de la ley fiscal.
Contreras también rechazó la intención del alcalde de someter a consulta ciudadana el cobro del predial o el eventual remate de un inmueble, al señalar que ese planteamiento carece de sustento jurídico y solo busca confundir a la población sobre un proceso que está claramente regulado.
“El cobro del predial no es una ocurrencia del alcalde ni una herramienta política; es una obligación legal que debe ejercerse con responsabilidad institucional y sin selectividad”, afirmó.
Finalmente, la legisladora reiteró que continuará acompañando a las familias juarenses, promoviendo acciones legales contra lo que calificó como abusos de poder, y señalando prácticas que, a su juicio, atentan contra la legalidad y la rendición de cuentas en el gobierno municipal.
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